Estado colombiano pide perdón por masacre

BOGOTA (AP). Por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el estado colombiano pidió disculpas públicamente hoy miércoles por "no adoptar las previsiones razonables" que hubieran evitado la desaparición de 37 personas y la muerte de otras seis a manos de paramilitares en 1990.

La masacre, ocurrida el 14 de enero de 1990 en el poblado de Pueblo Bello, en el departamento de Antioquia y a unos 440 kilómetros de Bogotá, fue cometido por miembros de paramilitares, según datos de la Corte Interamericana.

"Lamentamos no haber escuchado sus voces antes y haberlos hecho transitar (a los familiares de las víctimas) este largo camino para alcanzar justicia", dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos en un acto frente a parientes de algunas de las víctimas.

A la ceremonia, en la sede del Ministerio del Exterior, también asistieron altos funcionarios como el Fiscal general, Mario Iguarán.

Santos, en nombre del estado, reconoció la responsabilidad por "no adoptar las previsiones razonables para controlar" la zona donde ocurrió la matanza.

Tras abrir un caso por la matanza a fines de los años 90, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia el 31 de enero de 2006 en la que ordenó al estado colombiano reconocer su responsabilidad internacional "por haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de esas personas" asesinadas.

También ordenó el pago de indemnizaciones a parientes de las víctimas por más de cinco millones de dólares y pedir disculpas públicas por lo ocurrido.

Parte del dinero ha sido pagado desde la sentencia y lo importante del acto de la jornada es que "el estado reconozca su responsabilidad" en lo sucedido, dijo Gustavo Gallón, director de la organización no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, que representó a las víctimas ante la Corte Interamericana.

Gallón dijo que si bien no era la primera vez que el estado colombiano se disculpaba públicamente por una masacre, si fue la más reciente en que se hiciera a nivel de varios ministros y autoridades en una sede oficial.

Entre las 43 víctimas --entre muertos y desaparecidos, en su mayoría campesinos dedicados a la agricultura y la ganadería-- se encontraban tres menores de 18 años de edad.

Según la sentencia de la Corte "el propósito (del grupo paramilitar) era realizar un ataque en el corregimiento de Pueblo Bello, para secuestrar a un grupo de individuos presuntamente colaboradores de la guerrilla con base en una lista de la que eran portadores"

La acusación del grupo insurgente nunca fue probada, agregó la Corte.

"Llevamos 19 años sufriendo y siendo desplazados de nuestro lugares de origen; 19 años de lucha y hasta hoy tenemos una victoria", aseguró a los reporteros tras el acto Eliana Romero, madre de Fermín Agresott Romero, de 19 años y quien es uno de los desaparecidos.

Los familiares le solicitaron, en repetidas ocasiones, a los representantes del gobierno seguir trabajando para hallar el lugar donde pueden estar los cadáveres de sus seres queridos.

Desde la matanza y hasta ahora sólo seis personas, de los 60 individuos involucrados en investigaciones, han sido condenados, de los cuales dos han pagado la pena impuesta, según la Comisión Colombiana de Juristas.

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