Se cumplen dos años de la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo

Hoy hace dos años, el Partido Colorado y el Partido Liberal se aliaron en el Senado para destituir en un juicio político exprés al entonces presidente Fernando Lugo, el primer mandatario independiente y alternativo a los colorados en toda la democracia reciente de Paraguay.

Lugo fue destituido por el Parlamento el 22 de junio de 2012, una semana después de que un operativo policial común, como muchos otros realizados durante las numerosas ocupaciones campesinas de tierras para reclamar terrenos donde establecerse, estallara en un intercambio de tiros cerca de la localidad de Curuguaty (sureste).

Seis policías y once campesinos murieron sin que aún se sepa cómo ocurrieron exactamente los hechos. La masacre fue el motivo esgrimido por el PLRA y el Partido Colorado en el juicio político a Lugo, donde en menos de 48 horas fue declarado culpable de "mal desempeño de sus funciones".

Le sustituyó su vicepresidente, el liberal Federico Franco, que gobernó hasta agosto de 2013, cuando entregó el poder al colorado Horacio Cartes, ganador de las elecciones de ese año.

" Hubo elementos extrajudiciales que han actuado allí, llámese francotiradores, personas fuera del contexto de ese enfrentamiento", dijo Lugo a Efe esta semana, quien recalcó que la Fiscalía " tenía seis meses para investigar, acusar, juicio oral y condena", pero el juicio solo comenzará el próximo 26 de junio, dos años después.

Trece campesinos enfrentarán cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal y diez de ellos también por intento de homicidio de los policías, tras pasar por dos años de cárcel preventiva y domiciliaria, mientras que no hay imputados por la muerte de los once labriegos.

Su sucesor, el expresidente paraguayo Federico Franco, criticó el papel del Gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) en el enfrentamiento que a su juicio " fue fraguado y preparado", según dijo en una entrevista concedida a Efe esta semana.

La llegada de Franco a la Presidencia provocó el aislamiento diplomático de Paraguay con los países de la región, que lo vieron como una ruptura del orden democrático.

Franco y Lugo aseguraron que no tenían conocimiento de que el juicio parlamentario se fuera a producir. 

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