Los enredos judiciales de Silvio Berlusconi

ROMA, 15 Abr 2008 (AFP) - El magnate de las comunicaciones Silvio Berlusconi, que será por tercera vez primer ministro de Italia, se ha visto implicado en numerosos enredos judiciales desde que inició su carrera política en 1993, aunque nunca fue condenado de manera definitiva. Propietario de un verdadero imperio industrial que incluye, entre otras empresas, tres importantes canales de televisión, un diario, un semanario, la mayor editorial del país y una sociedad de publicidad, Berlusconi no pudo resolver en sus cinco años en el poder (2001-2006) el problema de conflicto de intereses entre ser primer ministro y uno de los hombres más ricos de la península. Los verdaderos problemas judiciales de Berlusconi comenzaron en 1993, cuando decidió entrar en política y llegó a ser nombrado jefe de Gobierno. El tribunal de Milán (norte) lo acusó de corrupción, una acusación que terminó por obligarlo a renunciar al cargo siete meses después de su llegada al poder, en 1994. El líder del Pueblo de las Libertades (PdL) fue condenado en primer grado a un total de seis años y cinco meses de cárcel por falsificación de balance, financiación ilícita de partidos políticos y corrupción en 1997 y 1998. Fue absuelto luego en el juicio en apelación y en algunos casos, debido a la lentitud de la justicia, se benefició de la prescripción del delito cometido. Sin embargo, Berlusconi siguió sometido a investigación judicial. Desde 1991 estaba siendo investigado por haber participado en la corrupción de un grupo de jueces encargados de "arreglar" los procesos en que estaba implicado su poderoso grupo de comunicaciones Fininvest. El líder de la coalición de centro-derecha italiana siempre se ha defendido con argumentos políticos, definiéndose como una "víctima y perseguido político" de los magistrados, a los que suele dirigirse con el calificativo de "togas rojas". Además de Berlusconi, numerosos amigos y colaboradores suyos han sido investigados o condenados por la justicia. Uno de sus amigos más cercanos, el senador Marcello Dell'Utri, fue condenado en diciembre del 2004 por los jueces sicilianos por sus conexiones con la mafia. En 1994, uno de los primeros actos de Silvio Berlusconi como Primer Ministro fue el de promulgar un decreto-ley para liberar a los acusados por los jueces anticorrupción Manos Limpias que estaban en detención preventiva. Al regresar al poder en el 2001, su gobierno propuso numerosas leyes para protegerlo de la justicia, según denunció la oposición de izquierda, y llegó a aprobar en el Parlamento la concesión de la inmunidad para los cinco mayores altos cargos del Estado mientras permanezcan en ellos. Pero la Corte Constitucional anuló luego la decisión del Parlamento por considerarla inconstitucional, por lo que se reanudó el juicio de Milán. Se intentó llevar a término al menos nueve procesos en su contra desde 1994, cuando fue acusado de haber sobornado a un grupo de agentes de la policía tributaria. Por ese caso fue absuelto en el 2000, en parte porque el delito había prescrito y porque fue absuelto por la Corte de Casación. En 1995 fue acusado en cuatro ocasiones de fraude fiscal. Una fue por la compra del jugador de fútbol Giorgio Lentini para el club AC Milán de su propiedad, caso que también prescribió. En 1996 fue acusado de falsos balances en el caso de la compañía All Iberian, pero el delito fue despenalizado por una ley italiana. En 1998 dos juicios famosos, uno por irregularidades en la adquisición de la casa editorial Mondadori y otro por corrupción de jueces para impedir la venta de una empresa agroalimentaria SME a su rival Carlo De Benedetti, terminaron en una absolución por prescripción de delito para él y condena para otros involucrados. En 2003 se inició la investigación por fraude fiscal por la compra y venta de derechos cinematográficos y de televisión que condujo al pedido de apertura de un juicio por el presunto soborno del conocido abogado británico David Mills. Berlusconi fue acusado de haber pagado 600.000 dólares al abogado para que atestiguara a su favor ante la justicia. Los dos se exponen a ser condenados a penas que van de 4 a 12 años de cárcel.

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