El heredero de Samsung declara como sospechoso por el caso de la Rapsutina

El heredero del grupo Samsung, Lee Jae-yong, declaró hoy como sospechoso de un delito de soborno relacionado con el caso de la "Rasputina surcoreana", mientras la Fiscalía mantiene la incógnita sobre si el magnate será detenido.

El vicepresidente de Samsung Electronics y jefe de facto de la mayor multinacional de Corea del Sur acudió a primera ahora a la oficina de los fiscales, donde le esperaban cientos de periodistas y manifestantes que pedían, con pancartas y gritos, su arresto.

Lee, de 48 años, fue llamado a declarar la víspera en relación a una caso que ha conmocionado al país y ha llevado a la destitución de la presidenta surcoreana Park Geun-hye.

"Me disculpo profundamente ante la gente", dijo el magnate antes de entrar a declarar y tras hacer un reverencia.

A pesar de las disculpas, el directivo no contestó a los periodistas que insistentemente le preguntaron si había recibido instrucciones de la presidenta para apoyar financieramente a su amiga Choi Soon-sil a cambio de favores.

Choi, conocida como "la Rasputina surcoreana", está acusada y encarcelada desde principios de noviembre por haber extorsionado, con la complicidad de Park, a los principales conglomerados del país para que ingresaran unos 77.400 millones de wones (62 millones de euros) en dos fundaciones que ella controlaba.

La Fiscalía cree además que el grupo Samsung firmó un contrato por valor de unos 22.000 millones de wones (unos 17,3 millones de euros) con una empresa con sede en Alemania propiedad de Choi y dio además apoyo financiero para que su hija, que se dedica a la hípica, entrenara en el país teutón y adquiriera caballos.

Se sospecha que esa cantidad fue entregada por Samsung a cambio de que el Servicio Nacional de Pensiones, accionista mayoritario de una empresa del grupo, apoyara en 2015 una controvertida fusión entre dos subsidiarias.

El pasado lunes, otros dos directivos de Samsung fueron interrogados en calidad de testigos por el mismo grupo de fiscales encargados de la instrucción del caso.

Durante una comparecencia pública y televisada el pasado 6 de diciembre, Lee negó rotundamente haber participado en la donación o haber recibido a cambio favores de la "Rasputina".

El vicepresidente de Samsung Electronics declaró en la Asamblea Nacional (Parlamento) de Seúl junto a los responsables de otros siete grandes conglomerados locales sobre su implicación en el mayor escándalo político de las últimas décadas en el país.

La mayoría de los grandes magnates, incluido Lee, se mostraron como víctimas que donaron el dinero bajo presión de la presidencia, pero sin esperar nada a cambio.

La Fiscalía dijo hoy que todavía no ha tomado una decisión-a la espera de que termine el interrogatorio- sobre si pedir una orden de arresto contra Lee, lo que podría tener un fuerte impacto en este grupo familiar, el más poderoso del país.

La comparecencia del vicepresidente del mayor fabricante de móviles el mundo llega después de que en otoño la compañía viviera una fuerte crisis por la fallida comercialización de su modelo Galaxy Note 7, cuya producción se detuvo y todos los aparatos retirados debido a repetidos casos de combustión del aparato.

Lee Jae-yong, que ocupa el tercer puesto en la lista de los más ricos de Corea del Sur con un patrimonio de 6.200 millones de dólares (5.877 millones de euros), tomó las riendas del conglomerado Samsung después de que su padre, Lee Kun-hee, sufriera un infarto en mayo de 2014, que aún lo mantiene hospitalizado y sin habla.

Precisamente esta situación ha puesto en tela de juicio la gobernabilidad de los grandes "chaebol" (los conglomerados empresariales surcoreanos), cuyos puestos de mayor responsabilidad siguen siendo hereditarios.

De manera paralela a esta instrucción, el Tribunal Constitucional estudia, a través de la declaración de numerosos testigos y el examen de documentos oficiales, si da el visto bueno a la destitución definitiva de la presidenta por este caso.

Durante una sesión histórica, el Parlamento de Corea del Sur aprobó el pasado 9 de diciembre la destitución de la presidenta Park tras seis semanas de manifestaciones multitudinarias para pedir su cese por este caso de corrupción y tráfico de influencias.

La presidenta quedó así desposeída de todos sus poderes como jefa de Estado, desde el control del Ejército hasta el derecho a veto o decisiones sobre política exterior, a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

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