El narcotráfico de Sao Paulo se dispersa tras violento operativo en Cracolandia

Las calles de "Cracolandia", en el corazón de Sao Paulo, parecen caminos interrumpidos de un hormiguero pisoteado. El fuerte operativo policial que desalojó el "barrio del crack" el domingo dejó incertidumbre y preocupación, y su principal efecto fue, según sus críticos, dispersar el narcotráfico.

Unas pocas personas deambulan por las esquinas ahora controladas por la Guardia Municipal Metropolitana. Vecinos reclaman haber sido expulsados de sus viviendas de forma arbitraria y comerciantes intentan rescatar lo que resta de sus locales tapiados.

"Imagínate despertar con un revólver en la cara", dice Eduarda de Lima, quien vive desde hace 12 años con sus dos hijos pequeños en una pensión del barrio. "No nos dijeron nada, los policías entraron con armas, tumbando puertas, amenazando", cuenta a la AFP al recordar la acción que involucró a casi mil policías.

El crack llegó a la capital económica de Brasil hace casi tres décadas y se convirtió en un problema de salud pública. Según datos de la Confederación Nacional de Municipios, 193 de los 644 municipios del Estado de Sao Paulo tienen un problema "alto" por consumo de la droga. Y 20% de las ciudades brasileñas están en la misma situación.

Cracolandia se levantó en el barrio de Luz, cerca de puntos turísticos como el Museo de Lengua Portuguesa o la estación de tren de la Luz. Ganó su nombre por la gran afluencia de traficantes y consumidores (hasta 2.000 en un mismo día, según cálculos oficiales), que tomaron sus calles con antiguos edificios habitados por personas de bajos recursos.

Estudios de los últimos cinco años cifran en entre 350.000 y 400.000 los consumidores de crack en Sao Paulo.

Operaciones policiales previas solo han servido para crear "mini-cracolandias" en barrios aledaños, y el comercio ilegal siempre termina volviendo a concentrarse en la zona.

"Usar a la policía para la guerra contra las drogas no tiene sentido y no da resultados. El operativo del domingo fue apenas un capítulo más de una política desastrosa del Estado brasileño", dice el investigador César Muñoz, de Human Rights Watch en Sao Paulo.

El operativo se está convirtiendo, además, en un piedra en el zapato para el recién electo alcalde Joao Doria, un empresario con aspiraciones presidenciales empeñado en demostrar que un buen gestor puede ser la alternativa a los desprestigiados políticos brasileños.

"Cracolandia se acabó", se congratuló Doria el lunes. Su mentor y ahora rival Geraldo Alckmin, gobernador del estado de Sao Paulo, replicó que ese optimismo era prematuro porque Cracolandia era un problema "crónico".

La secretaria de Derechos Humanos de la alcaldía, Patricia Bezerra, denunció una incursión "desastrosa" y presentó su renuncia.

De hecho, tras la intervención del domingo, centenares de consumidores de drogas, sin alternativas claras y en situación de indigencia, se reagrupan con colchas y tiendas de plástico en la Plaza Princesa Isabel, a apenas dos cuadras, construyendo una nueva Cracolandia.

"Pareciera que las autoridades están jugando al escondite" con los vendedores y usuarios de drogas, comenta Marcos Fuchs, director adjunto de Conectas, una ONG de derechos humanos.

"No nos dieron oportunidad de nada, ¿sabe? es como si entraran en tu casa con armas y te dijeran 'salga ya' (...) todo quedó ahí dentro", relata Cícero Barboza, quien regentaba una pensión sellada desde el domingo con bloques grises.

"Aquí no hubo un plan de contingencia, esto fue pura estrategia militar, el uso desproporcionado de la fuerza respondiendo a criterios meramente inmobiliarios", afirmó un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía, que prefirió resguardar su nombre.

"¿Cómo se puede lanzar a personas a la calle sin discutir antes un plan de vivienda? ¿Sin un registro previo?", criticó Luiz Matos, dueño de un abasto que estaba parcialmente tapiado.

El metro cuadrado en el barrio Luz está valorado en 7.213 reales (2.200 dólares), apenas 430 reales por debajo del promedio de la ciudad, según datos de abril del sector inmobiliario.

Pero para Fuchs, recuperar el barrio sin considerar la problemática social y de salud pública es inconcebible. El abogado elogia iniciativas como la del programa Brazos Abiertos, iniciado por la gestión del alcalde anterior, Fernando Haddad (PT, izquierda), para ofrecer vivienda, comida y ocupación a los consumidores de drogas de la zona.

No es el único. Un estudio de la Open Society de 2015, actualizado en 2017, califica ese proyecto de "modelo" por priorizar la vivienda minimizando barreras burocráticas y sin criterios de exclusión. El programa fue interrumpido por la gestión actual.

El Poder Judicial emitió una orden para prohibir nuevos desalojos y demoliciones en el lugar, pero la incertidumbre permanece.

Para Muñoz, "Brasil claramente necesita replantear su política contra las drogas, pero parece que la respuesta de las autoridades sigue siendo resolverlo con la policía y eso no ha funcionado en ningún país del mundo".

Recibe todos los días en tu mail los titulares más importantes

Es momento de sentir, nuevamente, la adrenalina. #PonteC7