La política migratoria de Trump acumula varios reveses en la justicia

La política de tolerancia cero con la inmigración impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump acumula varios reveses judiciales que han bloqueado desde sus intenciones de restringir el asilo político, a su voluntad de terminar con el programa de protección para los inmigrantes que llegaron de niños al país.

El miércoles, el juez federal Emmet Sullivan invalidó la postura del exfiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, que en junio planteó excluir del derecho de asilo a las víctimas de la violencia doméstica y a quienes buscan escapar de las pandillas.

El juez estimó que estas restricciones son "arbitrarias, caprichosas y están en contradicción con las leyes de inmigración".

"Es la voluntad del Congreso - y no los antojos del ejecutivo- lo que determina los criterios para la expulsión", escribió el magistrado.

La Casa Blanca criticó la decisión afirmando que ésta "alentará la inmigración ilegal" hacia Estados Unidos.

"Una corte, una vez más ha invalidado y socavado la ley migratoria de Estados Unidos. Según la ley, el asilo es un beneficio discrecional para extranjeros que tienen temores bien fundados de ser perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o por su pertenencia a un grupo social", reaccionó en un comunicado la Casa Blanca.

Para el gobierno Trump "este es un ejemplo del activismo judicial que alienta a los migrantes a tomar peligrosos riesgos".

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) saludó la decisión y dijo que esta "es otra derrota para la política de asalto total que el gobierno de Trump lanzó contra los derechos de los demandantes de asilo".

El pasado 20 de noviembre, el juez de distrito Jon Tigar, en San Francisco (oeste), suspendió un decreto firmado el 9 de noviembre por Trump que establecía que solo podían pedir refugio en Estados Unidos quienes entraran por puestos de control oficiales, y no los que cruzaran de manera clandestina.

"Cualquiera sea el alcance de la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso prohibió de manera expresa", dijo Tigar, señalando que la medida presenta un "conflicto irreconciliable" con la Ley de inmigración y nacionalidad (INA en inglés) de 1965.

Tras este revés, el Departamento de Justicia pidió a principios de diciembre a la Corte Suprema que tome el caso.

Desde que el 5 de septiembre de 2017 el gobierno de Trump anunció la cancelación del programa de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), creado en 2012 por el entonces presidente demócrata Barack Obama, la vida de los jóvenes que se acogieron a este plan pende de un hilo, y de los sucesivos pronunciamientos de las cortes.

Ante la cancelación del programa que amparaba a unos 700.000 del total de 1,8 millones de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores acompañando a sus padres, muchos "dreamers" ("soñadores") recurrieron a la justicia para mantener los beneficios del programa, que entre otras cosas les permite trabajar.

El 8 de noviembre, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que el gobierno de Trump debía mantener el programa que protege de la deportación a los beneficiarios del programa.

El gobierno de Trump también anunció el fin del estatuto de protección temporal (TPS) para ciudadanos de Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Nepal y otros ocho países.

Esta fórmula jurídica impide la deportación y otorga permiso de trabajo a ciudadanos de países que sufren situaciones de conflicto, crisis humanitarias o desastres naturales.

Con el fin de los programas para estos países unas 400.000 personas enfrentan el riesgo de ser deportadas.

Sin embargo, muchos de ellos lograron que la justicia tramitara recursos de protección, que tienen por el momento bloqueado el proceso.

Un juez falló a favor de beneficiarios del programa originarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. Sin embargo, el gobierno apeló.

Todos estos casos, de no mediar el poder legislativo, podrían terminar en la Corte Suprema de nueve miembros, que tras el ingreso del cuestionado juez Brett Kavanaugh cuenta con mayoría de los conservadores.


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