Abogados rechazan "presiones externas" para penar evasión fiscal en Panamá

La evasión fiscal en Panamá "no produce una perturbación tal" que obligue al Estado a convertirla en un delito penal, dijo hoy el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, por lo que rechazó las "presiones externas" para que el país dé ese paso.

"La evasión fiscal a nivel interno no forma parte de un problema que requiera una regulación en cuanto a su tipificación" como delito, lo que "nos lleva a rechazar de forma categórica cualquier pretensión externa" en ese sentido, aseguró Araúz en declaraciones a Efe.

El ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, dijo la semana pasada que organismos internacionales han recomendado a Panamá considerar la evasión fiscal un delito penal y no una falta administrativa, como lo es ahora, por lo que, añadió, el tema deberá en algún momento evaluarse y debatirse.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, no descartó por su parte que la recomendación sobre la tipificación como delito de la evasión fiscal se incluya en un informe que presentará en 45 días el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que culminó el viernes una ronda de evaluación en el país.

Para Araúz, las presiones externas sobre el tema fiscal no concuerdan con la realidad panameña y solo obedecen a la pretensión de que el país se convierta "en la policía fiscal o la policía de los impuestos de cualquier individuo en otra jurisdicción".

"Panamá no puede ni debe convertirse en la custodia de la lealtad de otros ciudadanos para con su Estado de origen", aseveró el presidente del gremio de abogados.

En materia de impuestos, el país centroamericano "mantiene las posibilidades de control y seguimiento que determinan justamente el cumplimiento de las obligaciones tanto de nacionales como de extranjeros radicados en nuestro territorio", destacó Araúz,

Añadió que además Panamá cuenta "actualmente con los mecanismos de control suficientes" para prevenir que su poderoso centro financiero internacional "no sea utilizado para la comisión de hechos delictivos a la luz, justamente, de qué conducta son delito en nuestro país".

El pasado 10 de mayo el relator especial de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, instó a Panamá a penalizar "sin dilación" la evasión fiscal.

"Aquellos obligados a reportar transacciones (financieras) sospechosas no están obligados a prestar atención a si los impuestos involucrados han sido pagados o no (...) desde mi punto de vista, esta brecha necesita ser cerrada dentro de la regulación panameña sin dilación", dijo relator de la ONU.

La controversia sobre el tema fiscal se hizo visible en Panamá tras el escándalo de la filtración de millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que reveló la existencia de miles de sociedades anónimas extraterritoriales en más de 20 jurisdicciones a nombre de personalidades de todo el mundo que abrió sospechas sobre evasión fiscal y blanqueo de capitales.

Varios países han abierto investigaciones a raíz del escándalo e incluso Francia volvió a incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales.

En abril pasado el jefe del ente recaudador panameño, Publio Cortés, explicó a Efe que Panamá mantiene vigentes una serie de acuerdos bilaterales que le permiten entregar información tributaria a requerimiento en el marco de investigaciones por fraude fiscal, aunque en este país ese no es un delito penal.

"Aunque se trate de delito fiscal en otro país, que no es delito acá, nosotros sí podríamos intercambiar información", siempre que sea a requerimiento, se trate de "materia tributaria" y esté amparado en un acuerdo vigente, precisó Cortés.

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