Ambientalistas presentan anteproyecto para derogar Ley 30

Panamá (EFE). Un grupo de organizaciones ambientalistas presentó un anteproyecto de ley ante la Asamblea Nacional para que se deroguen los artículos que modificaron la Ley General de Ambiente en la Ley 30, denominada como "Ley chorizo", con el fin de revertir una situación que violaría convenciones internacionales.

El anteproyecto, entregado a la Oficina de Participación Ciudadana, busca eliminar los artículos 31 al 34 de la Ley 30 (llamada en Panamá "Ley chorizo" por modificar varias normas) porque, aseguran, debilitan la protección del medio ambiente en el país y no se cumplió con las normas vigentes para aprobarlos.

La gerente de Comunicaciones de la Fundación Mar Viva, Magdalena Velázquez, informó a través del correo electrónico que la iniciativa legislativa fue suscrita por esa organización, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), el Centro de Incidencia Ambiental y la Fundación Avifauna, entre otras.

La propuesta de los ambientalistas busca "restablecer la integridad del proceso de evaluación ambiental comprendido en el artículo 23" de la Ley General de Ambiente que establece "la necesidad de practicar el instrumento de evaluación ambiental".

También pide restablecer la recompensa al ciudadano que denuncie un delito o infracción ambiental.

La semana pasada la directora ejecutiva de ANCON, Alida Spadafora, alertó a la prensa extranjera acreditada en Panamá de que la modificación de la ley de medio ambiente para flexibilizar la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental, "propicia el saqueo de los recursos naturales de nuestro país".La "Ley chorizo", aprobada en junio como una norma para el fomento de la aviación comercial, incluye modificaciones en tres códigos (Penal, Judicial y Laboral) y seis leyes, incluida la orgánica de Policía y la Ley General de Ambiente.

El Gobierno ha aceptado suspender los tres artículos que afectan las normas laborales, pero el presidente panameño, Ricardo Martinelli, dijo que no va a derogar el resto de la norma.

La abogada Jessica Young, de la Fundación Mar Viva, expresó a los corresponsales que la aplicación de la Ley 30, que levanta la obligatoriedad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental en proyectos de gran envergadura, supone para Panamá la violación de varias normas y convenciones conservacionistas internacionales.

Spadafora aclaró que la ley da la potestad al consejo de ministros de decidir qué proyecto público no requerirá un estudio de impacto ambiental, "sin ser ellos expertos en materia ambiental".

Consideró que el actual Gobierno tiene la "urgencia" de atraer inversiones, entre ellas las de Corea del Sur o Canadá, para explotar la minería y obtener recursos a corto plazo, pero " puede resultar en un alto costo para la salud de los panameños, para la biodiversidad, traer más pobreza a los indígenas y agravar los efectos del cambio climático".

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