Aprueban hasta 20 años de cárcel por desaparición forzada

Panamá (EFE). La Asamblea Nacional de Panamá aprobó una nueva norma con penas de hasta 20 años de cárcel por los delitos de desaparición forzada y tortura, para dar cumplimiento a obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El proyecto de ley 214 que tipifica en el Código Penal (CP) la desaparición forzada de personas y la tortura, fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional esta tarde.

El diputado oficialista Hernán Delgado, que preside la Comisión Legislativa de Gobierno, dijo durante el debate que el proyecto de ley "llena un vacío jurídico" en materia de derechos humanos y el combate a la violencia.

La norma modifica artículos del CP que no abordan estas infracciones adecuadamente, para garantizar los derechos humanos de las personas y la no prescripción de la acción penal ni la pena en los delitos de terrorismo, contra la humanidad y de desaparición forzada de personas.

La iniciativa, con penas de entre 2 a 20 años y que debe ser sancionada por el presidente panameño, Ricardo Martinelli, fue presentada por el Gobierno ante la Asamblea Nacional en septiembre pasado.

Los cambios establecen una pena de entre 15 y 20 años de prisión por privación ilegal de libertad de una o más personas, cometida por agentes del Estado o por personas o grupo de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.

La falta de información o la negativa a reconocer la privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, también se tipifica dentro de esta conducta delictiva.

La modificación sanciona con penas de 2 a 3 años de prisión al funcionario que someta a un privado de libertad a castigos indebidos que afecten su salud y dignidad, y de 5 a 8 años si el castigo es infamante, vejación o medidas arbitrarias o si es contra un menor.

Además, contempla penas de 10 a 15 años por el delito de tortura, informó en un comunicado la Asamblea Nacional.

La tipificación de estos delitos es uno de varios puntos de una sentencia impuesta al Estado panameño por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la desaparición del dirigente opositor Heliodoro Portugal en 1970, durante la dictadura militar (1968-1989).

El pasado 27 de mayo, Martinelli pidió oficialmente perdón a la familia Portugal en cumplimiento de la sentencia de la CorteIDH y anunció la elaboración de un proyecto para penalizar la desaparición forzada y la tortura.

La Comisión de la Verdad, que investigó a mediados de los años 90 del siglo pasado los abusos de la dictadura, estableció en su informe final que durante el pasado régimen militar se desaparecieron o asesinaron a unos 130 panameños, de los que la mayoría de casos aún están sin esclarecer.

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