Barrera idiomática lastra transición de justicia penal en pueblos panameños

Las barreras culturales e idiomáticas son los retos que dificultan la transición de la justicia tradicional al uso del nuevo sistema procesal penal en Panamá, que terminó de implantarse el año pasado, alertaron hoy representantes de los pueblos indígenas del país centroamericano.

El Sistema Penal Acusatorio (SPA), que da lugar a una justicia más expedita en igualdad de oportunidades para las partes, aún tiene que complementar ciertos temas para ser ejecutada de forma adecuada, explicó el codirector del proyecto de transición en comunidades indígenas y rurales, Osvaldo Jordán.

"Uno de los retos son las barreras culturales y del idioma. Según las leyes nacionales y estándares internacionales, la persona tiene el derecho de defenderse en su propia lengua, pero en ocasiones las autoridades no cuentan con intérpretes autorizados", sostuvo Jordán, quien trabaja con la Alianza de Conservación y Desarrollo.

Manifestó que para atender al cambio han capacitado a 300 personas de 20 comunidades de las comarcas de Emberá-Wounaan, Ngäbe Buglé, Madugandi, Guna Yala y Wargandi con el fin de fortalecer el acceso a la justicia ordinaria, que pena delitos mayores.

"Los indígenas tienen su justicia tradicional comunitaria en la que resuelven conflictos mediante consenso con autoridades locales, buscamos complementar y coordinar ahora con el SPA como se van a tratar ciertas acciones", señaló Jordán.

Mediante el Código Procesal Penal que introduce el SPA, los Jueces Comarcales tendrán competencia para conocer sobre los delitos cometidos dentro del territorio de la Comarca, salvo que se trate de delito de homicidio doloso, los que resulten en la muerte de una persona, los delitos contra la economía nacional, los relacionados con drogas, el terrorismo y los ejecutados por el crimen organizado.

El portavoz sostuvo que han recomendado al Ministerio Público, el Órgano Judicial y el Ministerio de Seguridad poner atención a la falta de infraestructura física, personal capacitado y transporte en esas áreas, para complementar la función del sistema.

Para la abogada de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), Yanel Venado, quien participa del proyecto, la poca divulgación de los derechos indígenas también influye en la toma de decisiones por parte de los operadores de justicia.

"Hay que implementar el derecho indígena como cátedra en universidades estatales, para que operadores de justicia reconozcan que hay derechos y leyes especiales que regulan los territorios autóctonos, que muchas veces están invizibilizados", mencionó Venado

El taller, organizado por la Universidad de Florida en conjunto con la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, convocó a líderes de comunidades indígenas y autoridades gubernamentales.

El sistema penal acusatorio sustituyó al ya extinto sistema inquisitivo, y se aplica en cuatro distritos judiciales del país: en Coclé y Veraguas está vigente desde el 2011; en Herrera y Los Santos desde 2012; en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé desde 2015; Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién y las comarcas indígenas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan desde el 2016.

En este sistema, el fiscal, la defensa y la víctima tienen igualdad de oportunidades de ser oídas, y las decisiones están a cargo de un juez independiente e imparcial.

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