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CCIAP insta a la Procuraduría General de la Nación iniciar investigación sobre amenazas

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reaccionó este miércoles ante las declaraciones de la procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, sobre amenazas y presiones que están recibiendo los fiscales a cargo de los casos de corrupción, ante lo cual insta a la Procuraduría a que realice las investigaciones pertinentes sobre estos hechos.

“Con respecto a las declaraciones de la Procuradora General de la República en las que señala que fiscales han sido objeto de intimidación o presiones dentro del marco de las investigaciones que adelantan, la instamos a iniciar las investigaciones correspondientes sobre tales hechos, dado que la obstrucción de la justicia es un delito conforme al artículo 360 del Código Penal, y de ninguna manera se puede permitir que se dé tal interferencia con el debido proceso y las investigaciones pertinentes”, enfatiza el gremio empresarial en un comunicado .

Además hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación a continuar su trabajo investigativo dentro del marco legal, así como al Órgano Judicial a que actúe con diligencia para que las investigaciones puedan continuar su curso de manera expedita y eficiente, y garantizar una justicia efectiva y dentro de tiempos razonables.

“No podemos permitir que estos procesos se demoren o paralicen y que al final haya impunidad. Sin embargo, es importante también indicar que al final del día los culpables son solo aquellos que resulten de un proceso penal con todas las garantías del caso. La justicia debe ser aplicada con igualdad para todos”, agrega la CCIAP.

Por otro lado reitera que la democracia requiere de instituciones transparentes e independientes para su debido funcionamiento; la necesidad de que en Panamá exista un verdadero Estado de derecho, donde impere la ley, y ésta sea aplicada a todos, sin diferencia; y que las investigaciones penales que se adelantan continúen hasta las últimas consecuencias, en estricto apego a la ley, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

FUENTE: Nimay González