CSJ admite amparo de garantías interpuesto por Ábrego contra auditoría a la planilla 080

La Asamblea Nacional (AN) informó la noche de este miércoles, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió el Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por la presidenta de esa instancia, Yanibel Ábrego contra la resolución de la Contraloría General de la República, que ordenaba una auditoría formal a la planilla 080, que mantiene 3,508 funcionarios bajo el objeto de gasto de "otros servicios personales".

El recurso fue presentado por Ábrego el pasado 16 de marzo, luego que un grupo de auditores de la Contraloría llegó a las instalaciones del Hemiciclo Legislativo, con el objetivo de realizar una auditoría forense a la planilla 080, sin embargo la misma no ejecutó. 

De acuerdo con la AN, en su oficio del 29 de mayo de 2018, el magistrado sustanciador Cecilio Cedalise señala que “se requiere a dicha Autoridad Administrativa el envío de la actuación correspondiente si la hay o en su defecto, un informe acerca de los hechos materia de esta acción, dentro del término de dos horas siguientes a la presentación de la notificación de esa Resolución Judicial”, conforme se prevé en los artículos 2621 y 2622 del Código Judicial”.

Explica que el artículo 2621 establece taxativamente, que “el funcionario requerido cumplirá la orden impartida dentro de las dos horas siguientes al recibo en su oficina de la nota requisitoria; suspenderá inmediatamente la ejecución del acto, si se estuviere llevando a cabo, o se abstendrá de realizarlo mientras se decide el recurso, y dará enseguida cuenta de ello al tribunal del conocimiento”.

Por consiguiente, el Hemiciclo Legislativo aguardará la decisión de fondo de la Corte, reiterando su cooperación con esta instancia.   

Agregó que la AN aún desconoce los resultados de la revisión iniciada el pasado 4 de abril.

Cabe señalar que el contralor General de la República Federico Humbert interpuso una denuncia penal contra la diputada y presidenta de la AN, Yanibel Ábrego por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en perjuicio de la Contraloría.

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