Cancillería remitió a la CSJ opinión consultiva de CorteIDH sobre uniones igualitarias

La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo, remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una nota respecto a la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género y los derechos derivados de una vínculo entre parejas del mismo sexo.

Mediante el escrito dirigido al Magistrado Presidente de la CSJ, señala que la República de Panamá ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos el 8 de mayo de 1978, y el 9 de mayo de 1990, reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la CorteIDH sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, ante lo cual al haber aceptado las normas de esa Convención, los gobiernos están obligados a armonizar sus leyes, políticas y prácticas con dichas normas.

Agrega que el Artículo 62.3 de la Convención Americana establece que la CorteIDH tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido dichas competencias.

Mientras que el Artículo 1.1 de la Convención señala que los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas sujetas a su jurisdicción, sin discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Agrega que el Artículo 4 de la Constitución Política de Panamá establece que la República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional, es decir que el país está obligado a no solo a respetar los derechos y libertades reconocidos por la Convención, sino a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a jurisdicción.

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