Caso bus 8B-06: "El Estado no puede lavarse las manos"

El licenciado Víctor Martínez, uno de los abogados querellantes en el caso del bus 8B-06, cuestionó este martes el fallo emitido por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, donde exime al Estado de " toda responsabilidad para el pago de de diez millones de dólares (B/. 10,000,000.00), en concepto de daños y perjuicios materiales y morales causados por la muerte de la señora Rosa Rodríguez Vargas" en el incendio de autobús 8B-06 de la ruta Corredor-Mano de Piedra.

El documento señala como únicos responsables a los señores Ariel Ortega Justavino y Próspero Ortega Justavino (dueño y conductor del bus), en base a " la sentencia de fecha 28 de abril de 2008, del Juzgado Primero de Circuito, ramo penal".

Según Martínez, este fallo se basa en una sentencia penal que en este momento se encuentra en apelación en el Segundo Tribunal de Justicia, por lo que es una sentencia que no está ejecutoriada, " por consiguiente no logro entender ese fundamento que señala el magistrado Moncada".

" El Estado no puede lavarse las manos", afirmó Martínez quien aseguró que organizarán una reunión con familiares de las víctimas y sobrevivientes del incendio del bus para definir qué acciones tomarán.

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