Declaran inconstitucional ley que aprobó contrato entre el Estado y Petaquilla S. A.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 9 de 25 de febrero de 1997 por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla.

La decisión de los magistrados de la Corte responde a una acción de inconstitucionalidad presentada en el 2009 por Susana Arcelly Serracín en representación de Centros de Incidencia Ambiental contra la legislación debido a que violaba varios artículos de la Constitución Política de la República, así como algunos artículos de otros convenios internacionales de los cuales Panamá es signatario.

El contrato que fue firmado por la entonces ministra de Comercio e Industrias Nitzia Rodríguez en representación del Estado y Richard Fifer, en su condición de presidente y representante legal de la minera, tenía como objetivo otorgar a la empresa la concesión de los derechos de yacimiento mineros de oro cobre y otros minerales ubicados en Cerro Petaquilla.

Este convenio tendría una vigencia de 20 años en los cuales la empresa tendría el derecho a explorar extraer, explotar, beneficiar procesar, refinar, vender y comercializar todos los minerales bases o preciosos hallados en el lugar.

Además se establecía que en el caso de que la empresa cumpliera con todas sus obligaciones y sin no se presentaba una terminación por mutuo acuerdo antes que haya transcurrido el lapso establecido podría solicitar dos prórrogas consecutivas del contrato por 20 años cada una, siempre y cuando la solicitud fuese presentada ante el Mici 120 días antes o 120 días después de del término de cada periodo.

Entre los deberes de la empresa se determinó el pago de de regalías anuales sobre los minerales extraídos conforme a una tabla de clasificación de los minerales por clases y según los años de extracción. También se exigían pagos anuales por hectáreas sobre el área de la concesión que no formaba parte del área del proyecto.

El fallo de los magistrados fue celebrado por el Centro de Incidencia Ambiental quien calificó la decisión como una "victoria histórica para el ambiente".

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