Defensor contra proyecto que sanciona ofensas al Presidente

Panamá ( EFE). El Defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo Julio Vargas, se unió a los que rechazan un proyecto de ley que busca penalizar las ofensas al presidente del país y afirmó que, de aprobarse, será un paso atrás en materia de libertad de expresión.

" La dignidad del presidente de la república u otro servidor público merece respeto, sin embargo, no se puede acallar la crítica o la opinión pública con la penalización", dijo Vargas en un comunicado divulgado por la Defensoría del Pueblo.

Esta norma " confrontaría algunos instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales Panamá es signataria", advirtió.

De acuerdo con el ombudsman, este anteproyecto de ley debe ser archivado ya que el país no puede " darse el lujo de retroceder 10 ó 15 años atrás en materia de libertad de expresión".

El anteproyecto establece sanción de dos a cuatro años a quien ofenda públicamente al presidente o a cualquier servidor público que ostente un cargo de elección popular, una iniciativa que ha causado el rechazo de diversos grupos civiles y gremios periodísticos, señaló la Defensoría.

El diputado oficialista Agustín Shellhorn, que la noche del miércoles propuso la ley, argumentó que hay "excesos" a los que "hay que ponerle fin" y el presidente del parlamento panameño, José Muñoz, lo respalda, lo mismo que el gobernante del país, Ricardo Martinelli.

El mandatario dijo el jueves a los periodistas que estaba de acuerdo con esa iniciativa porque no cree " que viole las libertades individuales", y argumentó que a él lo critican e insultan sin justificación constantemente y que eso " no ocurre en otros países".

Vargas recordó, por su parte, que ya hay una ley que establece sanciones especiales cuando se falte al honor o dignidad de una persona indistintamente del cargo que ocupe.

La Reforma al Código Penal de 2008 despenaliza la calumnia e injuria cuando se trata de funcionarios públicos de cierto nivel, " precisamente para que funcionarios de esa jerarquía no hicieran uso de ese poder que tuvieran para acallar, limitar, o ejercer fuerza sobre ciudadanos, periodistas o medios de comunicación", explicó.

Por eso Vargas considera " innecesario hacer una legislación específica para este tipo de casos y mucho menos con las medidas que se quieren establecer".

El embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Cochez, se sumó al rechazo a esta propuesta.

" Creo verdaderamente que quienes presentan este tipo de cosas le hacen un daño, no solamente a la libertad de expresión, sino también a quienes supuestamente quieren proteger como es el caso del presidente de la república", dijo Cochez a los periodistas.

La presidenta del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá, Grisel Bethancourt, anunció que, en consulta con gremios de abogados, la institución llevará la próxima semana una propuesta de ley en defensa de la libertad de expresión a la Asamblea Nacional y exigirá el retiro del proyecto de ley presentado por Shellhorn.

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