Diputados deciden inhibirse ante petición de casa por cárcel para Moncada Luna

Los diputados que actúan como Jueces de Cumplimiento de Alejandro Moncada Luna decidieron inhibirse este viernes, ante la solicitud que hizo su defensa legal para sustituir la condena de cárcel por arresto domiciliario.

La decisión se dio a conocer durante la audiencia de cumplimiento para la revisión del caso de quien fuera magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Rony Araúz, presidente del Tribunal de Cumplimiento leyó el fallo y comunicó que decidieron inhibirse sobre la modificación de la medida de prisión, "sobre este tema y cualquier otro que se les presente".

Agregan en el fallo que toda la documentación será enviada al Órgano Judicial y pidieron a la defensa de Moncada Luna remitirse al Primer Circuito Judicial para dar seguimiento a los trámites. Ramiro Jarvis, abogado defensor del magistrado separado, al final de la sesión pidió la reconsideración que tomó el Tribunal de Cumplimiento y expresó "no tiene sentido lo que ha pasado hoy".

"Han escuchado la petición que he realizado, esperar una hora y media para declararse inhibido", agregó Jarvis.

Por su parte, el diputado Pedro Miguel González quien fue el fiscal en el juzgamiento especial realizado a Moncada Luna en 2015, aseguró que a partir de la condena, este perdió su condición de magistrado por lo que debe acudir a la justicia ordinaria. González respondió a los señalamientos del abogado Gonzalo Moncada, quien cuestionó a los diputados tras esta decisión, porque supuestamente se había llegado a un acuerdo.

En referencia esta crítica, González expresó que Gonzalo Moncada, primo del sentenciado es "una persona especial" y negó algún acuerdo previo a la audiencia.

La defensa argumentó que de los 5 años de la pena total, Moncada Luna ya ha cumplido dos años de prisión en El Renacer, y actualmente presenta un deterioro de su salud mental y física, por hipertensión crónica.

Tras un acuerdo de pena en marzo de 2015, fue condenado a 60 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos públicos.

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