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EEUU: Panamá no cumple con estándares mínimos contra la trata de personas

A pesar de que el Gobierno aumentó esfuerzos en la lucha contra este flajelo como la investigación de traficantes, el otorgamiento de permisos temporales a víctimas extranjeras y la creación del Fondo Especial para Víctimas de Trata de Personas; el informe indica que Panamá identificó menos víctimas, no financió refugios específicos y no emendó la ley contra la trata para hacerla compatible con el derecho internacional.

De acuerdo con el documento, en 2018 fueron identificadas 46 posibles víctimas de trata, en comparación con 59 víctimas en 2017 y 84 en 2016.

Las autoridades panameñas procesaron a 12 sospechosos por tráfico de personas, en comparación con 24 en 2017 y 13 en 2016. Fueron declarados culpables ocho traficantes, comparado con siete traficantes en 2017 y dos traficantes en 2016.

Estos traficantes fueron sentenciados entre 4 y 17 años de prisión, en comparación con 10 a 15 años de prisión en 2017 y de 6 a 18 años en 2016.

En Panamá, según el inorme, la mayoría de las víctimas de trata identificadas son adultos extranjeros, explotadas en el tráfico sexual, especialmente mujeres de Sur y Centroamérica.

Sin embargo, los traficantes también explotan a los panameños en el tráfico sexual en Panamá, en el Caribe, Centroamérica y sudamérica.

Explotan a mujeres indígenas en trabajo forzoso; a centroamericanos, chinos y vietnamitas en trabajos forzados en la construcción, agricultura, minería, restaurantes, venta a domicilio y otros sectores por deudas, falsas promesas, y falta de conocimiento del proceso de refugiados y estatus irregular.

Los traficantes en Panamá también han obligado a las víctimas a consumir drogas ilegales y explotan niños en trabajo forzoso, en particular trabajos domésticos y tráfico sexual.

Estados Unidos recomendó a Panamá investigar vigorosamente y procesar a presuntos traficantes, modificar la ley contra la trata de personas; capacitar a miembros de la Fuerza Pública y fiscales; aumentar la financiación para servicios especializados a las víctimas e informarles sobre la disponibilidad de permiso de residencia temporal y procesar dichas solicitudes en un manera oportuna .

También se recomendó aumentar la capacitación de funcionarios gubernamentales en la identificación víctimas, e informar sobre su derechos y acceso a un abogado para ayudarlos.

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FUENTE: Catherine Perea