Familia de desaparecida en dictadura logra reparación

Panamá (EFE).- Casi 34 años después de la desaparición de la joven Rita Wald, una opositora al régimen militar panameño (1968-1989) de tan sólo 17 años, sus familiares han logrado una satisfacción oficial por este crimen atribuido a la dictadura.

La justicia a la memoria de esta dirigente estudiantil, desaparecida el 27 de marzo de 1977 cuando cursaba sexto año de secundaria, fue lograda por su familia a través de un "acuerdo amistoso" alcanzado con el Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.

La víctima, según su familia, fue desaparecida porque "puso en jaque el andamiaje dictatorial en Panamá" y por su "férreo liderazgo estudiantil por el retorno de la democracia", en momentos en que estaban por firmarse los Tratados del Canal Torrijos-Carter por los que Estados Unidos entregó la vía acuática a Panamá en el año 2000.

"Considero excepcionalmente importante la conciliación que ante la sede de la CIDH ha logrado por vez primera el Estado panameño con la familia de una joven secuestrada por agentes militares durante el mandato en el G-2 (inteligencia militar) del entonces coronel (Manuel Antonio) Noriega, por la desaparición de alguien en plena flor de su juventud", dijo a Efe el coronel retirado Roberto Díaz Herrera.

"Tal precedente marca un hito no sólo a nivel nacional sino internacional, y plantea un método sensato y esperanzador de futuras conciliaciones de deudos y afectados de aquellos excesos que nosotros mismos y nuestra familias también soportamos", añadió Díaz Herrera, que fue parte del Estado Mayor del régimen militar pero que en su momento aceleró el derrocamiento de Noriega.

El acuerdo, al que tuvo acceso Efe, fue consensuado por ambas partes este 26 de octubre en una reunión de trabajo en la CIDH, según informaron los familiares de la víctima.

Las partes acordaron una reparación económica por un monto cercano a los 700.000 dólares por el daño material, inmaterial o moral causado por la desaparición forzada de Rita Wald, que será destinado a una fundación que se creará con su nombre.

La fundación luchará por el cumplimiento de los derechos humanos, por la justicia y por tratar de encontrar los restos de las personas desaparecidas durante la dictadura, en especial los de Rita Wald.

El acuerdo también establece que se den cumplimiento a otras medidas de satisfacción a la familia Wald y garantías de que en el futuro no se repetirán violaciones de derechos humanos de este tipo.

En ese sentido, el Estado panameño se compromete a pronunciarse públicamente y a responsabilizarse por los hechos ocurridos, así como a pedir perdón público a los familiares de Rita Wald.

Además, se propone continuar las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables de la desaparición de la víctima, mantener su búsqueda y adoptar leyes en Panamá para prevenir y castigar la desaparición forzada, que ya está penalizada.

Entre las acciones para dignificar su memoria se designará una escuela con el nombre de Rita Irene Wald Jaramillo y se creará una "Plaza de los Desaparecidos" para honrar a todas las víctimas de este tipo de crímenes de la dictadura militar.

Rita Wald está entre las 110 personas asesinadas o desaparecidas durante el régimen militar panameño que figuran en un informe elaborado por la Comisión de la Verdad en 2002.

Este es el primer acuerdo amistoso que acepta el Estado panameño por un caso de violación de los derechos humanos, según dijo al diario local La Prensa la abogada Mariela Vega, que representó al Ministerio panameño de Relaciones Exteriores ante la CIDH.

Los familiares de Rita Wald, que en noviembre de 2010 habían renunciado a este convenio amistoso tras gestionarlo sin éxito desde 2006, están complacidos de que finalmente se consensuara, aunque con una "sustancial disminución de más del 50% de la propuesta" de reparación económica planteada en un principio.

Los familiares presentaron un calendario de cumplimiento del acuerdo con un mes de plazo para hacer efectiva la reparación, el pronunciamiento, el perdón público y la creación de la fundación.

El documento, que deberá ser presentado por la Cancillería panameña ante el Consejo de Ministros, establece que las partes acordarán el calendario de ejecución.

A mediados del año pasado, el actual Gobierno del presidente panameño, Ricardo Martinelli, pidió perdón por el asesinato en 1970 del líder opositor Heliodoro Portugal, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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