Hoy inicia la consulta ciudadana sobre reformas constitucionales en Changuinola

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional inicia este viernes el periodo de consultas a los panameños sobre el paquete de reformas constitucionales.

Mediantes la Resolución N°48 del 7 de agosto de 2019, se establece el procedimiento y calendario de consultas a nivel nacional para las reformas a la Constitución Nacional, según lo establece el numeral 2 del artículo 313 de la Carta Magna y cuya primera parada se desarrollará en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

La primera consulta se desarrollará en la extensión Regional de la Universidad de Panamá a las 3:00 p.m.

Las consultas se dan con el objetivo de recabar las diversas opiniones y observaciones de los sectores de la sociedad. 

Asimismo, piden que las decisiones que se tomen no serán centralizadas en un solo miembro, sino que todos podrán abordarlo, razón por la cual llegaron al consenso para que el parlamentario independiente Gabriel Silva sea el encargado de dictar una conferencia sobre este tema.

Según lo dicta el numeral 2 del artículo 313, requiere de tres debates como es usual, a diferencia que el primero, correspondiente a la Comisión de Gobierno, se hará en el pleno y podrán participar todos los diputados. El proyecto reformatorio debe aprobarse antes que concluya esta legislatura el 31 de octubre.

Posteriormente, debe ser aprobado, nuevamente, en tres debates en la segunda legislatura que va del 1 de enero al 30 de abril del 2020.  

El parlamentario Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno, precisó que para esta acción no se contempla la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias.

Las giras de consulta popular la otra semana se trasladará a la provincia de Chiriquí.

Luego de aprobarse el proyecto en las dos legislaturas, la Asamblea Nacional fijará la fecha en que se realizará el referéndum nacional para que la ciudadanía, en general, se pronuncie y deberá establecerse en un periodo no inferior a los tres meses ni superior a los seis meses, contados a partir de la aprobación del proyecto en la segunda legislatura.

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