Iglesia Católica pide diálogo para solucionar conflicto minero

Panamá ( EFE). La Conferencia Episcopal Panameña (CEP) pidió hoy establecer una mesa de diálogo, " sin precondiciones y con transparencia", para buscar una solución al conflicto minero en las comunidades indígenas de este país, agravado por las protestas de los últimos días.

" La Iglesia Católica está convencida de que el medio viable para buscar una solución a este conflicto es establecer una mesa de diálogo, sin precondiciones, con transparencia y con el tiempo necesario", señala un comunicado de la CEP.

Agrega que " en el (dialogo) deben participar las comunidades afectadas, especialistas en la materia y una representación de los sectores de la sociedad preocupados por las consecuencias de estas reformas (al Código Minero), para que se analicen serenamente las ventajas y desventajas de la industria minera y se llegue a un consenso sobre lo que es mejor para el bien común del país".

Por otro lado, el comunicado agrega que " a la Iglesia Panameña, que ha seguido de cerca los acontecimientos relacionados con la aprobación de la Ley 8 (sobre la reforma minera), le preocupa el conflicto existente entre las comunidades indígenas, amplios sectores de la sociedad civil y las autoridades gubernamentales, que puede llevar a consecuencias impredecibles".

" Como Pastores del Pueblo de Dios, alentamos a que se hagan todos los esfuerzos oportunos para construir una cultura de paz, mediante un diálogo justo, equitativo, constructivo, en actitud de tolerancia frente a las opiniones diversas, y que se fundamente en la defensa irrenunciable de la dignidad de la persona y del bien común", añade el documento.

Mientras, cientos de indígenas de la etnia Ngäbe Buglé cerraron hoy, por tercer día consecutivo, la carretera Panamericana, en el occidente del país, para exigir la derogación de la Ley de reforma al Código Minero que, aseguran, atenta contra los recursos naturales en las comarcas.

La vía Panamericana fue bloqueada en tres puntos cerca de los límites de las provincias de Veraguas (centro) y Chiriquí (occidente), unos 400 kilómetros al oeste de la capital, sin incidentes, salvo un atasco de automóviles en esa importante vía del país.

Rogelio Montezuma, uno de los líderes de la protesta en San Felix (Chiriquí), dijo que el bloqueo de la carretera continuará hasta que el presidente panameño, Ricardo Martinelli, derogue la ley.

Agregó que en un accidente de carretera murió hoy un indígena y otros siete resultaron heridas cuando el automóvil donde se transportaban hacia uno de los puntos de las protestas sufrió un percance, sin dar más detalles.

El presidente Martinelli dijo el jueves a los periodistas que las protestas de los indígenas no se justifican porque no habrá explotación minera en las comarcas en lo que resta de su gestión (2009-2014), al tiempo que reiteró su llamado al diálogo a los aborígenes.

Martinelli denunció que en estas protestas están inmiscuidos " intereses políticos de algunas personas que quieren crear el caos y el desasosiego, que no les interesa que Panamá progrese".

Los indígenas, por otra parte, rechazan el acuerdo al que el Gobierno llegó el pasado lunes con algunas autoridades de la comarca indígena, en el que se comprometió a no explotar el yacimiento de cobre de Cerro Colorado, uno de los mayores del mundo, ni desarrollar la minería durante el tiempo que dure su mandato.

Los nativos Ngäbe Buglé se oponen a la explotación de Cerro Colorado, situado en su comarca, por el riesgo de contaminación de los acuíferos, la deforestación y el temor a ser desplazados de sus tierras.

El Gobierno defiende la Ley de reformas mineras, entre otros puntos, porque aumenta la regalía por extracción de cobre, oro y plata, de 2 % al 5 %; penaliza la minería ilegal con multas de hasta 250,000 dólares, y sube las fianzas en las concesiones de exploración de 10 centavos de dólar por hectárea a 50 dólares.

Según el Gobierno, las corporaciones privadas en concesión no podrán nunca dar garantías sobre los terrenos concesionados.

Además, la Ley establece que toda empresa que solicite una concesión o explotación minera debe incluir en el estudio de impacto ambiental el plan de cierre y abandono de las actividades mineras.

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