Juez de Miami niega solicitud de extender plazo para certificación de extradición de Martinelli

El juez Edwin G. Torres negó este viernes la solicitud que entregó la defensa del expresidente Ricardo Martinelli para que la certificación de extradición fuera suspendida y se le concediera un plazo de 30 días para preparar un recurso de hábeas corpus.
 
Esto, tras una moción firmada por Marcos Daniel Jiménez y John Richard Byrne, representantes del expresidente de Panamá y dirigida a la corte del Distrito del Sur de Florida, quienes solicitaron autorizara la suspensión para preparar el recurso a la decisión de extraditarlo que fue dictada el pasado 31 de agosto.

En el documento, Torres explica que "la orden de certificación de extradición de la Corte es en gran medida auto-ejecutado en su entrada y no es apelable".

Consideró que "no es necesario" otorgar un plazo de treinta días para que el abogado de la parte demandada pueda preparar una petición de hábeas, "sin mucho más esfuerzo".

El fiscal de  Miami, Benjamin Greenberg el pasado 11 de septiembre consideró en un escrito que la solicitud de los abogados de Martinelli en este caso era “innecesaria y por lo tanto injustificada”.

Explicó que la ley no brinda alternativas para que la certificación permanezca en el despacho del juez Torres dado que el proceso indica que se debe remitir al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que el secretario tome una decisión definitiva.

El juez federal determinó el pasado 31 de agosto que la solicitud de extradición presentada por Panamá satisfacía "todos los requerimientos" y que "hay suficiente evidencia para establecer causa probable para todos los cargos presentados" contra Martinelli.

Tras conocer esta decisión la defensa del expresidente señaló que recurrirán a "todas las instancias legales" para evitar la extradición.

Martinelli está detenido el pasado 12 de junio y requerido en su Panamá por peculado (malversación de caudales públicos), por la supuesta compra con fondos públicos de sistemas de vigilancia y escuchas ilegales a 150 personas, ocurridas entre 2012 y comienzos de 2014.

En el documento con fecha de este 15 de septiembre, el juez Torres explica que “la orden de  certificación de extradición de la Corte es en gran medida auto-ejecutado en su entrada y no es apelable”.

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