Juez se acoge al término para resolver expediente del caso Caja de Ahorros

El Órgano Judicial informó este jueves que el Juzgado Decimocuarto de la Corte Suprema de Justicia, se acogerá al término que establece la ley para resolver el expediente del caso Caja de Ahorros.

La decisión será tomada luego de tres días de audiencia preliminar, dentro de la investigación por el caso del préstamo de 30 millones de dólares otorgado por ese banco estatal al Consorcio HPC-Contratas-P&V, para la construcción del Centro de Convenciones Amador.

Durante el desarrollo de las audiencia que iniciaron el lunes 23 de julio, la jueza escuchó los alegatos de la fiscal Tania Sterling, quien manifestó que la teoría del Ministerio Público es que existe un delito cometido por servidores públicos que utilizando el banco panameño malversaron dinero que se debió utilizar para otros fines.

El día martes 24 escuchó los alegatos los abogados Marcela Araúz, representante de Riccardo Francolini; Nedelka Ríos, defensa de Ricardo Arango; Ricardo Chanis, quien presentó sus propios alegatos; Sofanor Espinoza en representación de Anastacio Ruíz; Ángel Calderón, jurista de Fernando Correa; Rosendo Mirada, que representa a Jayson Pastor y Daika Levi, abogada de Rodrigo Arosemena.

Mientras que ayer miércoles 25 fue el turno de los alegatos de la defensa de West Valdés, exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific, y único imputado detenido, además de Felipe Virzi, Jairzon Lemer Hurtado, Tobías Gustavo Garrido, Manuel Morales Diez, Iván Rafael Clare, Ricardo Calvo, Claudio Poma, Mauricio Ortíz, todos imputados por las supuestas irregularidades en el préstamo aprobado para la construcción del Centro de Convenciones Amador.

Este proceso inició el 23 de octubre de 2015 producto de una publicación periodística, consistente en un préstamo aprobado de forma expedita sin cumplir los requisitos establecidos para ser traspasados a cuentas de sociedades relacionadas a la casa de valores Financial Pacific.

Actualmente hay 22 personas investigadas, y la fiscalía solicitó el llamamiento a juicio de 16 imputados y el sobreseimiento provisional a cinco funcionarios por su colaboración con el Ministerio Público.

La investigación estableció que en el año 2012 fueron otorgadas al Consorcio para la ejecución del proyecto, dos líneas de crédito, por B/.20,000,000.00 y B/.10,000,000.00, sin embargo no se cumplían las condiciones establecidas en el manual de la institución bancaria para este tipo de préstamos y sin los debidos controles administrativos. Además, unos B/.7,000,000.00 habrían sido utilizados para cubrir el agujero financiero de la casa de valores Financial Pacific.

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