Fiscal: acuerdo en caso de violación adelantó pena que habría impuesto tribunal en juicio

Orison Cogley, fiscal Superior de Investigación, dijo este martes que el acuerdo de pena logrado entre Eduardo Grimaldo y el Ministerio Público por un caso de violación de una menor de edad corresponde, de acuerdo con experiencias previas, a la misma sanción que hubiese sido interpuesta por los tribunales en caso de llegar a un juicio oral.

"La imposición de la pena producto del acuerdo el Ministerio Público valoró es que la misma pena que le correspondería, según la experiencia que hemos tenido si esa persona hubiese llegado a un juicio y la responsabilidad hubieses sido dada por los tribunales luego de haber ejercido una investigación durante al menos seis meses que establece la ley y posterior las fases subsiguientes, la fase intermedia y hasta el juicio oral que pueden ser alguno meses más y llega a ese momento para entonces declararlo culpable responsable e imponerle una pena de 10 años que está en el parámetro", expresó Cogley.

Explicó que en el único caso que se ha llevado a cabo en la Fiscalía Metropolitana por delitos sexuales en condiciones similares, donde la víctima era una menor de 12 años y fue violada por un familiar y donde se llevó el proceso hasta el juicio oral debido a que la víctima estuvo dispuesta a continuar con las diligencias, y el resultado fue una sanción de 11 años.

Sin embargo, en esta ocasión el acuerdo se da con base a la intención de la menor de evitar partiticipar de las diligencias, por lo cual se establece con el imputado la pena de 10 años de prisión. En caso que la víctima se oponga al acuerdo esta debe colaborar en todas las diligencias que se citan en la investigación y las diferentes fases del proceso, permitiendo que el fiscal tenga un caso fortalecido para llevar al juicio.

Agregó que la pena por los delitos sexuales y con la gama de circunstancias que pueden agravarlos van de 5 a 10 años como máximo de acuerdo con la ley actual, y con base en esto se negoció y estableció la sanción que en la práctica correspondería imponer " o sea que el Ministerio Público lo que ejecutó fue anticipar esa pena a un momento corto", reiteró.

Ante las críticas por la pena impuesta señaló que el problema no es de la figura del acuerdo sino de la sanción, pero que la misma está establecida en el Código Penal, donde se señalan que según las diferentes agravantes la sanción está en el rango de los 10 a 15 años.

El fiscal explicó que en este tipo de proceso la figura del acuerdo de pena es una herramienta utilizada por el Ministerio Público con el propósito de proteger a la víctima, evitar que la menor sea revictimizada y que no continúe reviviendo la tragedia que ya vivió producto del hecho, por medio proceso penal.

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