Movimiento sindical presiona por derogación de dos leyes

Panamá (EFE). Varios cientos de sindicalistas marcharon para exigir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se pronuncie sobre las demandas presentadas contra dos polémicas normas conocidas como la "Ley chorizo" y la "Ley carcelazo".

La marcha pacífica, convocada por la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo, llegó hasta los predios de la CSJ, donde una delegación de los manifestantes fue recibida por dos de los magistrados de la máxima instancia de justicia.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, dijo durante un mitin que habló con los magistrados sobre el curso que siguen las demandas de inconstitucionalidad contra la "Ley chorizo" (Ley 30) y la "Ley carcelazo" (Ley 14).

Méndez señaló que el presidente de la CSJ, Anibal Salas, y el magistrado Alberto Cigarruista les informaron que las demandas siguen su proceso y se comprometieron a recibirlos la próxima semana para darles otro informe sobre su avance.

"Quiere decir esto que no podemos parar nuestras acciones, quiere decir que tenemos que seguir presionando para que se resuelva este caso y para que se deroguen la Ley 30 y la Ley 14 ó que se declaren inconstitucionales ambas leyes", indicó Méndez.

Añadió, en este sentido, que los abogados que presentaron las demandas en nombre del movimiento sindical harán uso a partir del 14 de septiembre del periodo de diez días que ha establecido la CSJ para presentar los alegatos contra estas leyes.

La Ley 30, de desarrollo de la aviación comercial, modifica seis leyes y tres códigos (Penal, Judicial y Laboral), mientras la ley 14 penaliza los cierres de calles con seis meses a dos años de cárcel.

Actualmente se discute y se revisa el contenido total de la Ley 30 en la denominada Comisión Especial para la Mesa del Diálogo, en la que participan representantes del Gobierno, el sector empresarial y sindical.

La aprobación de estas normas generó violentos disturbios en julio pasado en la provincia occidental de Bocas del Toro, que se saldaron con al menos dos muertos y centenares de heridos y detenidos.

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