Panamá: entierran a indígena muerto en disturbios

PANAMA (AP). Después de sepultar a Jerónimo Rodríguez muerto en las protestas de hace más de una semana, el grupo indígena más numeroso de Panamá debe retornar a las negociaciones con el gobierno para resolver el espinoso tema de la presencia de hidroeléctricas en su comarca.

"Es una actividad donde se rinde tributo a un líder que fallece luchando contra la presencia de transnacionales mineras e hidroeléctricas dentro del territorio", dijo por teléfono a la AP el presidente del Congreso General tradicional de la etnia ngäbé buglé, Celio Guerra refiriéndose a la ceremonia realizada en la jornada.

El indígena murió al ser impactado por una bala en el pecho en medio de una operación policial para despejar la carretera Panamericana el 5 de febrero.

El fallecido fue enterrado el martes en su comunidad natal dentro de la comarca, la cual incluye regiones de las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, al occidente del país.

Los dirigentes indígenas acusan a la policía de esa muerte, que derivó en una enardecida reacción de los nativos, al punto que quemaron el cuartel policial del poblado de San Félix, en Chiriquí. La policía niega la responsabilidad en ese hecho.

La dirigencia de la comarca, incluyendo a su cacica general Silvia Carrera, viajó hasta Chiriquí para participar en el entierro y el miércoles debe reanudar el diálogo con el gobierno en la Asamblea Nacional, en el que no se ha podido consensuar el reclamo indígena de no permitir la actividad hidroeléctrica en su territorio y en zonas aledañas.

El gobierno ya cedió en la otra exigencia indígena de no impulsar la explotación de los recursos minerales en la comarca, y aceptó que se derogue una ley de 1975 que creó la Corporación de Desarrollo Minero (Codemin), que se encargaría de explotar la reserva de cobre de Cerro Colorado, situada en territorio ngobé buglé.

Sin embargo, Carrera ha dicho que no quedará tranquila en cuant o al tema minero hasta que el presidente Ricardo Martinelli establezca esa prohibición en la Gaceta Oficial.

"Yo dudo porque Martinelli dice cosas hoy y hace otra cosa mañana", señaló el fin de semana la dirigente, en alusión a que el gobierno no cumplió un acuerdo firmado en febrero del 2011 después que protestas indígenas obligaron a derogar una ley que abría las puertas a la inversión de empresas y gobiernos extranjeros en la actividad minera.

De ese acuerdo surgió el compromiso de impulsar una ley especial para la protección de los recursos ambientales, hídricos y no renovables de la comarca, que fue aprobado en primer debate a comienzos de febrero, pero en el que se descartó una propuesta indígena que derivó en el actual conflicto.

El gobierno ha flexibilizado su postura en cuanto a las hidroeléctricas y ha dicho que suspendería dos concesiones otorgadas en la actualidad para la construcción de dos generadoras en la comarca y que no permitiría el establ ecimiento de proyectos de ese tipo en ese territorio.

Sin embargo, no acepta la exigencia de que tampoco se desarrollen hidroeléctricas en zonas aledañas a esa comarca, con el argumento de que son en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas donde hay potencial hídrico para ello, y que se requiere de las represas para el futuro desarrollo energético del país.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá instó en un comunicado a que el tema "sea ponderado, consensuado y resuelto responsablemente".

Advirtió que "actualmente, la demanda de electricidad de la población crece a mayor ritmo que la capacidad que tiene el sistema de energía para ofrecer potencia firme para satisfacer la necesidad de consumo".

La comarca ngobé buglé es la más numerosa de las tres en el país, con aproximadamente 165,000 pobladores, según las autoridades indígenas.

Según cifras del gobierno, el 90% de la población indígena --que es el 10% del total del país-- vive en condiciones de pobreza.

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