Panamá inicia en febrero un programa para detenidos con problemas de adicción

Panamá pondrá en ejecución en febrero próximo el programa sobre "Tribunales para infractores dependientes de drogas", que busca reducir la población penal con problemas de adicción y que promueve la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), informó este martes una fuente judicial.

La coordinadora de programas de la comisión para la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred) del Ministerio Público panameño, Yessencia Sánchez, dijo a Efe que el proyecto busca, además, la reinserción social de los infractores.

Explicó que los tribunales son una alternativa al encarcelamiento de una persona con adición, que podría ser condenado a un máximo de tres años por un delito menor, con un tratamiento supervisado en el que interviene un equipo multidisciplinario gubernamental.

"El programa es proactivo y lo que queremos es que una persona que haya cometido un delito y tenga problemas de adicción, pueda tener la posibilidad de un tratamiento antes de ser condenado y que, al final, puede reintegrarse a la sociedad", señaló Sánchez.

El proyecto, una iniciativa de la CICAD a la que Panamá se adhirió en 2013, se realiza en otros países, como Canadá, Estados Unidos, Chile, Isla Caimán, Brasil y Costa Rica.

Sánchez precisó que el programa se iniciará como un plan piloto por un año en la cárcel pública de San Miguelito, en el sector este de la capital, y en el mismo participarán entre un 10 y un 15 % del total de la población de aproximadamente 473 reclusos.

Una vez concluya el plan piloto, y tras una evaluación por parte de Conapred y la CICAD, el programa se pondrá en marcha en las provincias de Coclé y Veraguas, en el centro del país, donde la población penitenciaria es reducida con respecto a otros sectores.

Según la fuente, lo novedoso del programa es que, una vez el privado de libertad entra a formar parte, se le realiza una supervisión judicial, tanto en el aspecto penal como en el de salud, para conocer sobre sus progresos.

"Si la persona evoluciona de manera satisfactoria en el tiempo en el que el juez ha determinado la suspensión del proceso, se hace una audiencia y se extingue la acción penal a través de un juez de garantías", añadió.

Explicó que en el programa también serán considerados los privados de libertad, que hayan sido condenados por un delito menor con un máximo de cuatro años de prisión, y tengan problemas de adicción.

Sánchez señaló que el proyecto es "sumamente flexible" y tiene la intención de "evitar el hacinamiento en los centros de detención" y de "reconstruir al individuo", que en muchas ocasiones agrava su problema de adicción durante su permanencia en la cárcel.

Según el Ministerio de Gobierno y Justicia, la población penal en Panamá es de 14.684 reclusos para una capacidad de 8.737 personas en 27 centros penitenciarios en todo el país.

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