Panamá nada entre la tormenta política y crecimiento económico

Panamá ( EFE). Panamá vivió un tormentoso 2010 por la particular forma de dirigir el país del presidente, Ricardo Martinelli, con toques de queda y detenciones de sindicalistas y periodistas, al tiempo que la economía seguía su avance imparable.

La destitución de la procuradora general Ana Matilde Gómez, el endurecimiento de penas y condiciones para ejercer derechos como el de manifestación, las sentencias contra periodistas y sobre todo la denominada popularmente " ley chorizo" convulsionaron el año político panameño con protestas y una continua crispación social.

En el otro lado de la balanza, Panamá alcanzó la categoría de inversión para las principales calificadoras internacionales de riesgo y su economía mantuvo su meteórico crecimiento, superior al 6%, mientras el país acomete inversiones en infraestructuras que van desde la ampliación del Canal hasta reformar el transporte en la capital.

Si algo marcó 2010 en Panamá fue la aprobación de la Ley 30, o " Ley Chorizo" como fue denominada popularmente, tramitada de forma expedita por la mayoría del Gobierno en el Parlamento y que, presentada como modificación a la normativa de aviación comercial, alteró los códigos penal, judicial y laboral, y seis leyes, incluida la orgánica de la Policía.

La ley, entre otros aspectos, contemplaba la posibilidad de suspender los contratos de los trabajadores que hicieran huelga y la contratación de personas para sustituir a los huelguistas.

También la eliminación de la opción de detener o suspender a un policía investigado por un delito cometido en ejercicio de sus funciones y el levantamiento del requisito de un estudio de impacto ambiental para obras que el Estado considerase de " interés social".

La aprobación de la ley sumió al país en un clima de inestabilidad social y a la ciudad occidental de Changuinola en el caos, con varios días de toque de queda, protestas de trabajadores del sector del banano y una represión que dejó dos muertos y 700 heridos -60 de ellos por perdigonazos en los ojos-, según un informe de una comisión oficial que investigó el tema.

También se convocó una huelga general acordada en una reunión en la capital panameña a cuya conclusión fueron detenidos por la Policía más de un centenar de líderes sindicales que permanecieron varias horas arrestados por " bloquear la calle".

El Gobierno dio marcha atrás a principios de octubre y dejó sin efecto la Ley 30, al tiempo de tramitar los distintos aspectos de forma individual y consensuada.

Sólo la polémica exención de suspensión y detención de los policías ha sido tramitada tal y como se aprobó originalmente pese a la protesta de la oposición y los sindicatos.

La suspensión de la procuradora Gómez -que había sido nombrada durante el gobierno anterior para un periodo de diez años- por una supuesta orden ilegal de escuchas telefónicas a un fiscal acusado de soborno, fue un caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre acusaciones de injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial.

Además, se produjeron varios casos de condenas a periodistas -dos de ellos indultados por Martinelli- en un fenómeno que llevó a Reporteros Sin Fronteras a denunciar " presiones que se ejercen contra los periodistas que osan tocar temas sensibles".

Paralelamente, el país creció en el primer semestre al 6,1 por ciento poniendo la previsión de crecimiento para el año en el 7%, y Moody's, Standard and Poors y Fitch Ratings les dio el grado de inversión meses antes del inicio de la inestabilidad social.

" Hay una dicotomía entre la realidad económica y política, por un lado todo los indicadores económicos del país señalan que Panamá va a tener en los próximos años uno de los crecimientos más altos de América Latina (...) sin embargo tenemos un escenario político complicado y lleno de sobresaltos", dijo a Efe el analista José Isabel Blandón.

Para Blandón, el estilo de empresario de Martinelli ha marcado una forma de Gobierno guiado " más por el objetivo que por los medios", en el que ha habido " falta de experiencia política del equipo de Gobierno", " menosprecio por la opinión pública" y " menosprecio por los medios".

En su opinión, ha surgido una " nueva dinámica internacional en la que la gente ve con preocupación los atisbos de autoritarismo que ha opacado el éxito económico".

En esa línea, el analista Aurelia Barría, fundador de la Cruzada Civilista, que propició el fin de la dictadura militar, consideró que Martinelli tiene una forma gobernar " muy en línea con su forma de dirigir sus empresas familiares".

" Estamos desconcertados (...) tenemos una situación en la cual estamos preocupados por el respeto de las instituciones democráticas, de la separación de poderes y vemos un matiz de corrupción sumamente amenazante", declaró.

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