Procurador recomienda declarar inconstitucional tres limitantes de la veda electoral

El procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro recomendó este jueves a la Corte Suprema de justicia (CSJ) que declare inconstitucional tres artículos del Decreto 31 de 13 de octubre de 2017 que establece las limitaciones durante la campaña electoral.

González Montenegro concluyó en su  vista como Procurador que, los artículos 3 (numeral 2), artículo 5 (numeral 2) y artículo 7 (numeral 3) del Decreto 31, violan los artículos 19, 27 y 38 de la Constitución Política, así como los artículos 23 y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

En el caso del numeral 2 del artículo 3, se hace referencia a la prohibición durante la veda electoral, de realizar "caravanas y concentraciones con propósitos electorales".

Sin embargo, sobre este punto, el Procurador considera que si bien es una regulación que se inspira en reducir el costo de las contiendas y evitar la saturación en los medios, se "restringe" el derecho fundamental de libertad, violando el pleno ejercicio de los derechos individuales, civiles y políticos, fijados en los artículos 27 y 38 de la Constitución.

En tanto que, el numeral 2 del artículo 5 que limita a los candidatos de libre postulación a informar el lugar, fecha y hora, en que se tendrá lugar la recolección de firmas, "transgrede directamente" el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos sobre los derechos políticos, de participar y tener acceso, en condiciones generales de "igualdad a las funciones públicas de su país".

Añade que este artículo "rebasa en texto y en espíritu" el artículo 197-A o 221 del Texto Único que reforma el Código Electoral que dicta: "La inscripción de adherentes en partidos políticos y la recolección d firmas de adherentes para candidatos por libre postulación quedan excluidas del concepto de campaña".

Por último, consideró que las sanciones de B/.50.00 a B/.1,000.00, descritas en el numeral 3 del artículo 7 sobre las concentraciones o caravanas electorales que pretendan realizarse durante la veda, recaen sobre acciones que están autorizadas por la Constitución.

González Montenegro concluyó que las limitaciones o restricciones impuestas por el Tribunal Electoral deben estar enmarcadas dentro del principio de legalidad y remitió a la CSJ su análisis de que los artículos citados no se adecúan al control constitucional, ni convencional.

Con esta recomendación, el Procurador responde a una solicitud promovida por el abogado Ernesto Cedeño, uno de los aspirantes a establecer una precandidatura presidencial por la libre postulación.

Tras las recientes reformas, el Tribunal Electoral fijó una veda de campaña de 60 días previos a las elecciones generales y de 45 días antes de las elecciones internas partidarias, ya sea para elegir autoridades de gobierno o candidatos a cargos de elección popular.

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