Martinelli propone pagar hasta 500 mil dólares en fianza de excarcelación

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia lleva a cabo este lunes una audiencia para resolver la solicitud de una fianza de excarcelación a favor del expresidente Ricardo Martinelli, detenido por supuesta intervención de comunicaciones durante su administración.

La petición fue sustentada por el abogado Dimas Guevara, quien solicitó que se tome en consideración que el expresidente presenta múltiples padecimientos y problemas de salud, que también fueron advertidos por Estados Unidos.

La defensa de Martinelli propuso un monto para la fianza de excarcelació por una suma entre los 250 mil y los 500 mil dólares, y que sea el tribunal que decida la cantidad que estime correspondiente entre lo mencionado.

Guevara también señaló que el Pleno también debe decir si es competencia de la Corte juzgar al expresidente toda vez que renunció a su curul como diputado del Parlamento Centroamericano, por lo que su expediente debe ser remitido a la justicia ordinaria.

Sostuvo que su defendido no pretende evadir la justicia, además dijo que en caso de un cambio de domicilio lo pondrá en conocimiento del tribunal, y dijo que están dispuestos a entregar los pasaportes del expresidente, además se reiteró su arraigo familiar y comercial en el territorio nacional.

Por su parte, el magistrado Harry Díaz refutó los argumentos señalados por el abogado del acusado, y además calificó de "irrisoria" la suma que ofrece para la fianza en Panamá cuando en Estados Unidos primero ofreció 5 millones de dólares y luego accedió a pagar 20 millones de dólares. En cuanto a su estado de salud, el magistrado fiscal dijo que los informes médicos señalan que Martinelli padece las enfermedades típicas de una persona de 66 años, pero eso no es algo que le impida estar detenido.

Además reiteró que los delitos por los cuales están siendo investigado Martinelli y por los cuales está pidiendo una condena de 21 año de prisión, son delitos graves por lo cual se opone a que se le otorgue una medida cautelar distinta a la detención preventiva, sobre todo teniendo en cuenta que el acusado no llegó de forma voluntaria como señala su defensa, sino que fue traído por medio de un proceso de extradición tras un año recluido en un Centro de Detención Federal en Miami, luego de 40 meses de vivir en esa ciudad.

El último en hacer uso de la palabra durante la audiencia fue el expresidente, quien sostiene que tiene derecho a su fianza como cualquier otro panameño "pareciera ser que hay una una ley para Martinelli y otra para todos los demás, tengo derecho a que se me dé una fianza porque eso lo dice la ley", expresó.

Durante su participación el exmandatario dijo que de 2012 a 2014 dejó de asistir a las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional porque eran "demasiado aburridas y no me interesaba lo que hablaban ahí".

Con la intervención del expresidente culminaron las participaciones de todas las partes involucradas en el proceso, por lo que el magistrado Hernán De León, presidente encargado de la Corte decretó un receso para que el Tribunal delibere sobre la solicitud de la fianza de excarcelación.

Los magistrados deberán decidir su admiten o rechazan la solicitud que permite el cambio de medida cautelar al exmandatario, quien actualmente se encuentra detenido en el centro penitenciario El Renacer, desde el pasado 11 de junio, cuando fue extraditado de Estados Unidos.

Durante la audiencia, el Pleno de la Corte en su actuación de Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del magistrado Jerónimo Mejía , juez de Garantías, y no admitió el recurso presentado por el abogado Gabriel Carreira Pitty, para adherirse como querellante en el proceso.

Ante la petición de Pitty, tanto el magistrado fiscal Harry Díaz, como el abogado defensor, Sidney Sittón se opusieron a la inclusión de Pitty como querellantes, toda vez que el artículo 341 del Código Procesal Penal establece un plazo de cinco días para que una vez notificadas de la acusación, las víctimas se constituyan en querellantes, además citan los artículos 345 y 359 que dictaminan que cuando el querellante no concurra a la audiencia y se aleje de ella se entenderá por abandonada la querella.

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