Suspensión de consultoría provoca roces internacionales

La decisión del Ministerio Público de suspender la consultoría que permitiría la creación del programa de protección a testigos ha sido objetada por la empresa boliviana que la realizaría.

Neftalí Jaén, asistente del Procurador suplente, confirmó que había recibido una llamada de Edgar Solís Morales, embajador de Bolivia, quien quería conversar con Guiseppe Bonissi sobre la suspensión de esta consultoría.

La empresa Aguilar y asociados, de origen boliviano, sería la encargada de capacitar durante 7 meses a funcionarios del Ministerio Público para el programa de protección a testigos y el diseño del plan de apoyo a las víctimas.

Esta consultoría estaba valorada en 251 mil dólares, según informó Jaén, quien a la vez mencionó varias cifras que aparentemente fueron sobrevaloradas.

La suspensión de esta consultoría se da luego que se hiciera público que Magaly Castillo, directora Ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia, figuraba supuestamente como parte de la nómina.

El Banco Interamericano de Desarrollo, que aportaría los fondos para la consultoría, está informado sobre la situación.

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