Tragedia por deflagración abre debate sobre instalaciones de gas en Panamá

El nerviosismo reina entre una parte de los habitantes de la Ciudad de Panamá desde que hace casi un mes una deflagración acabó con la vida de un bebé de 10 meses y dejó gravemente heridos a su hermano de 5 años y a su madre. Ahora se repiten las noticias de edificios desalojados por alarmas de escape de gas y el debate está servido.

¿Qué pasó, dónde recae la responsabilidad ante situaciones como esta? son las preguntas que se han escuchado en las radios, en los programas de televisión y en las calles de una ciudad que siguen experimentando un veloz crecimiento.

A juicio del presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Héctor Ortega, el problema está en el personal que colocan los artefactos que funcionan a gas en las residencias, comercios y otras edificaciones.

"La ley y los permisos de ocupación, están bien regulados. Pero lo que pasa después de una obra es ya responsabilidad del dueño de cada apartamento y del administrador" del edificio, dijo Ortega a Efe.

El subdirector de la oficina de seguridad del Emérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Juan de Arco, recalcó por su parte que ese organismo, "al igual que las demás entidades que revisan" los planos de construcción de las edificaciones, inspeccionan y verifican "que se haya hecho real lo aprobado en los papeles"

Las autoridades reconocen que es común que los propietarios ya sea de apartamentos, casas o comercios contacten con personal no certificado, que baja los costes del servicio, para la colocación de aparatos a gas.

"No quiero llegar a conclusiones, pero generalmente - las fugas- son instalaciones no adecuadas por plomeros (fontanero) no idóneos. Una persona contrata a cualquier plomero para que le instale un tanque de gas", especifica Ortega.

Las estadísticas de los bomberos son claras: de las 215 llamadas que reciben por posible escape de gas, alrededor del 80 % son consecuencia de la mala manipulación de los sistemas por personas no certificadas. Y esto a su vez revela una preocupante "falta de concienciación" de la población.

A lo anterior se suma que los administradores de los edificios no cumplen con la ley que orden realizar pruebas de hermeticidad de gas "como mínimo cada tres (3) años o cuando por razones de seguridad, así se requiera".

Los accidentes causados por fugas de gas pueden ser considerados delitos contra la seguridad colectiva y conllevar hasta 10 años de cárcel, dijo a EFE el abogado Víctor Orobio, quien denunció ante el Ministerio Público el caso de la deflagración que mató al bebé y dejó con quemaduras en el 90 % del cuerpo a la madre y más del 60 % al hermano.

"Esto tiene una pena de cárcel, los delitos contra la seguridad colectiva si lo llegan a considerar doloso tienen hasta 10 años de encarcelamiento, si son culposos tienen hasta 3 años. Los homicidios culposos tienen hasta 5 años y las lesiones culposas también tiene hasta 2 o 3 años", cuenta Orobio.

Las autoridades recomiendan que cuando ocurre una fuga de gas lo primero que se debe hacer es desalojar el lugar y llamar a los bomberos. Y eso es lo que ha ocurrido en las últimas semanas repetidamente en muchos edificios capitalinos ante la más mínima sospecha.

"Ventilar el lugar, tratar de abrir ventanas y puertas, si hay luces encendidas no hay que apagarlas, ni viceversa, tampoco hay que encender verlas, estufa, ni la llave de agua caliente porque se acciona el calentador de agua, que seguramente irá con gas", aconseja el bombero Juan de Arco.

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