La falta de recursos afecta lucha contra la violencia infantil en Suramérica

La falta de recursos económicos y humanos, así como de sistemas integrales de información, afectan el avance de las políticas públicas y programas que buscan combatir la violencia contra la infancia en 10 países suramericanos, según un informe regional presentado este jueves en Panamá.

Esas son las principales conclusiones del estudio, que involucra a Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El informe fue elaborado entre septiembre y noviembre pasados por el Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC), que integran 13 organizaciones y redes civiles de la región y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Evalúa a partir de una encuesta y de estudios de progresos el grado de avance en la implementación de las recomendaciones del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños (EVCN), presentado en 2006.

El informe se centra en tres recomendaciones del EVCN: la creación de políticas públicas, estrategias y planes integrales nacionales para la no violencia hacia la niñez; legislaciones para asegurar la protección de la infancia y la creación de sistemas de información y datos sobre la violencia contra los niños y niñas.

En el documento, de 38 páginas, se alerta que se valoran los avances realizados en los países aún cuando la violencia no ha sido erradicada, ya que lograrlo forma parte de un proceso a mediano y largo plazo.

"América del Sur es la subregión que más ha avanzado en la creación de políticas de protección de la niñez, pero carece de sistemas de información y reporte de violencia contra niños y niñas", indica el informe, difundido este jueves por la oficina regional para América Latina y el Caribe de Unicef.

Además, la gran mayoría (70 %) de los planes sectoriales no tienen asignación de recursos financieros y humanos específicos para su implementación y medición de objetivos, destaca.

Los mayores logros en la creación de políticas públicas, planes y programas los han alcanzado Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, mientras que los progresos más lentos se observan en Bolivia, Chile y Venezuela, de acuerdo al estudio.

Como ejemplo de esos avances, el informe cita el programa argentino de prevención de abuso en centros residenciales, "para el cual se ha estipulado el aumento gradual de recursos a cuatro años", y el "incremento progresivo de oferta de servicios e inversión dentro de la línea de la reparación en Chile".

"Resalta el bajo desempeño de Venezuela. Este hecho podría obedecer a la baja calidad de las relaciones (de las organizaciones civiles defensoras de la niñez) con el Estado, lo que torna difícil la recopilación de una información más completa", añade.

El estudio identifica como una debilidad la falta de difusión masiva de campañas de sensibilización sobre la violencia contra lo infancia, que ha sido señalado por Naciones Unidas como una herramienta efectiva para combatir el problema.

En cuanto a la aprobación de leyes para asegurar la protección de la infancia, los países estudiados han logrado dar avances "en una medida adecuada para una mejor prevención de la violencia, sanción a los responsables y asistencia a las víctimas".

Argentina, Chile y Paraguay han creado nuevas leyes se ha ubicado en el ámbito escolar, que previenen el acoso o "bullying" y la violencia en las escuelas, cita el documento, entre otros.

La mayor debilidad de la región está en la prácticamente ausencia de sistema de datos para apoyar políticas públicas, estrategias y planes integrales contra la violencia infantil.

"Observamos para todos los países estudiados la gran dificultad en avanzar en un sistema integral de datos que dé cuenta de la violencia hacia niños y niñas, y que pueda reflejar de forma sistemática, consistente y periódica los avances o retrocesos en la incidencia de los hechos de violencia", afirma el informe.

Tampoco se registran países que hayan logrado construir indicadores nacionales que permitan de forma sistemática recoger información con enfoque de derechos, subraya.

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