Los miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aprobaron este domingo en el Directorio Nacional Extraordinario, que se celebró en la ciudad capital, que el Congreso Nacional Extraordinario se realice el 11 de marzo de 2018, el cual valorará aprobar reformas al Estatuto del Partido y trazará el camino para la victoria en las elecciones generales de mayo de 2019.
Durante su discurso, Pedro Miguel González, secretario general del colectivo hizo un llamado a la "unidad fraterna" estableciendo que el PRD "se aboca a una lucha por la recuperación de las políticas públicas y restauración de todos los derechos sociales que las administraciones del expresidente Ricardo Martinelli y del presidente Juan Carlos Varela no han respetado por estar ocupados en llevar adelante sus agendas propias que son sus negocios y no la del país".
Indicó que “los adversarios saben perfectamente que el PRD tiene todas las condiciones y opciones para restaurar con las concesiones torrijistas un poder de transformaciones, profunda y no un gobierno de más de lo mismo”.
Asimismo, se refirió a algunos temas de interés nacional, cuestionando al gobierno del presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela acusandole de obstruir la justicia en el Caso Odebrecht, cuya investigación está en peligro, esto después del fallo del Juzgado Duodécimo que niega una prórroga para continuar investigando dos expedientes a cargo de la fiscal especial Anticorrupción, Zuleyka Moore.
"En Panamá ha sido dañada severamente la institucionalidad y se ha debilitado el estado democrático. Y durante los más tres años del gobierno de Juan Carlos Varela, lejos de lo que muchos pensaron, la fractura institucional se mantiene y agrava”, dijo González.
"El intento de privatización de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), al proceder a modificar la ley y cambiar las normas del mercado eléctrico, es un negocio al que sólo le falta legalizar el monopolio total para operar, trasmitir y facturar la electricidad al pueblo panameño", así cuestionó el proyecto de ley 573 que modifica la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, que trata sobre el sector eléctrico.
“Un país incierto, inseguro nos señala la incapacidad de este gobierno para asegurar la paz de los ciudadanos”, señaló el secretario del colectivo abordando el tema en materia de seguridad en Panamá.
También se refirió a la salud pública que está en “crisis”, el proceso Eudocio Pérez, alcalde de Los Santos, el nuevo reglamento o regulación para las plataformas de transporte que operan en el país, como la estadounidense Uber, la actitud del gobierno actual en las restricciones al Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE), por parte de la Oficina de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), entre otros.
FUENTE: Odalis Núñez