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La reforma del Estado, la principal tarea del próximo Gobierno de Panamá

La reforma del Estado es el término que más repiten analistas consultados por Acan-Efe al señalar la principal tarea que le tocará emprender al gobierno que sea electo en Panamá el próximo 5 de mayo, y que pasa por cambios a la Carta Magna, la Seguridad Social, el sistema educativo y servicios como el agua.

En los comicios, a los que están llamados a las urnas más de 2,7 millones de personas, compiten por la Presidencia Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Rómulo Roux del Cambio Democrático (CD); y Saúl Méndez del Frente Amplio por la Democracia (FAD); además de José Blandón por el Partido Panameñista, y por la libre postulación están Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana y Marco Ameglio.

Estas son algunas de las claves definidas por las fuentes consultadas sobre los deberes del futuro gobierno, que heredará una deuda pública de más de 25.000 millones de dólares pero con un aval internacional que mantiene al país con grado de inversión estable aunque con el alerta de la necesidad de un férreo control fiscal.

1. La Carta Magna.

Es "ineludible" que el próximo gobernante proponga la elaboración de un nuevo pacto de convivencia entre los panameños mediante alguno de los métodos establecidos en la Constitución vigente desde 1972, o una Constituyente Originaria, no prevista en las leyes. Los siete candidatos presidenciales coinciden en que se debe preservar el título sobre el Canal de Panamá en cuanto a su autonomía de gestión y aislamiento de la política partidista.

2. Seguridad Social.

La Seguridad Social es la "papa caliente" que se han pasado las diferentes administraciones desde el gobierno de Martín Torrijos (2005-2009) y que volverá a quedar en manos del próximo Ejecutivo. Estudios indican que para 2025 las cuentas no darán para pagar las pensiones de un gran número de ancianos del antiguo sistema solidario, que fue reemplazado por uno de cuentas personales y aportes voluntarios aprobado precisamente por Torrijos.

Subir la cantidad de aportaciones, emparejar la edad de jubilación entre hombre (62) y mujeres (57), incrementar el porcentaje del aporte que hacen empresas y trabajadores son los puntos más polémicos de una reforma que tendrá un altísimo costo político, y que no podrá obviar cambios en los regímenes de trabajo de diferentes sectores que gozan de privilegios y derechos adquiridos.

3. Reforma educativa.

La invasión de las tecnologías de la comunicación con la internet ha puesto en jaque el anacrónico sistema educativo panameño. Equiparar las habilidades que se imparten en las escuelas y universidades para las necesidades de la vida laboral o el emprendimiento, la exigencia de productividad a los educadores y su sometimiento a una evaluación constante, son algunos de los aspectos que debe enfrentar el próximo mandatario para que el país recupere competitividad, que ha perdido en los últimos tiempos en parte porque las empresas no consiguen personal con los conocimientos requeridos.

4. Agua potable.

El almacenamiento y administración del agua en Panamá es vital para la continuidad de su principal recurso, el canal interoceánico, pero además esas mismas fuentes son las que abastecen del líquido potable a más de la mitad del país. El gobierno saliente estableció planes para levantar nuevas plantas potabilizadoras en la cuenca hidrográfica del canal, lo cual encendió las alarmas en la Administración del ente autónomo porque haría peligrar el caudal que requiere la ruta para atender el creciente trafico de buques.

Desde fines de los años 1990 se estableció mediante un estudio internacional que Panamá no tiene problemas de acceso al agua por la gran cantidad de lluvias que caen sobre el país casi 9 meses del año, pero en aquel entonces no pesaba en las consideraciones el factor cambio climático, que ya este año ha obligado a reducir calado en el Canal.

5. Transparencia y corrupción.

El próximo gobierno tendrá que rendir más cuentas ante una ciudadanía más exigente, y los grupos organizados de la sociedad civil continuarán presionando para que el combate a la corrupción alcance a todas las instituciones, empezando por el cuestionado sistema de administración de justicia, la reforma a la ley de contrataciones públicas, y el mecanismo de nombramiento de los funcionarios que termina en una negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo para "conciliar" y que no siempre se decanta por el mas capaz.