La economía chilena crece a buen ritmo pero arrastra una alta desigualdad social, una gran dependencia de la explotación del cobre y un ajustado suministro de energía, en un escenario que deberá gestionar quien gane la elección presidencial del domingo.
Chile, de acuerdo a cifras del Banco Mundial, cuenta con el mayor PIB per cápita de América Latina, equivalente a unos 22.362 dólares por paridad de poder de compra en 2012, lo que pone al país al nivel de los desarrollados.
El Estado de sus cuentas macroeconómicas es envidiable: una inflación en torno al 3% anual y un desempleo en su piso más bajo en tres décadas, inferior a 6%.
El Producto Interno Bruto cerraría este año con una expansión entre 4 y 5%, superando el promedio de América Latina, tras alcanzar en 2012 un crecimiento de 5,6%, impulsado por la explotación del cobre -del que Chile es el principal productor mundial- y por un aumento del consumo interno.
Las cifras de crecimiento ubican a Chile a la cabeza del selecto grupo de países de la OCDE, grupo al que Chile se integró en 2010. Pero, al mismo tiempo, el país ostenta el mayor índice de desigualdad social.
La brecha entre ricos y pobres se arrastra por años, sin que el crecimiento económico sostenido de la última década haya logrado nivelar los ingresos.
Existe una clase media fuertemente endeudada y con altas expectativas de progreso, pero que aún se encuentra muy lejos de los sectores ricos, en un país donde la educación y la salud de calidad se encuentran en manos de privados.
Hoy, con un índice de pobreza oficial en 14,4%, un 50% de la población chilena (de casi 17 millones de habitantes) gana menos de 500 dólares al mes, apenas suficientes para costear las necesidades básicas. En tanto, el 1% más rico de la población, acumula 31,5% de los ingresos totales.
"En un país como Chile, que ha crecido mucho y su costo de vida también, este sueldo es muy bajo. Existe lo que llamamos un atraso salarial. Los salarios están desbalanceados por el tamaño de la economía", explica a la AFP Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol.
Una mejor distribución del ingreso considera necesariamente "una política pública que aumente la carga tributaria", en un país con una baja carga impositiva, según Hernán Frigolett, economista de la Universidad de Santiago.
Quien figura como favorita para adjudicarse la próxima elección, la socialista Michelle Bachelet, prometió una reforma tributaria que elevaría la carga de tributos en tres puntos del PIB, con un mayor control de la evasión fiscal y la elevación gradual del impuesto a las empresas de 20 a 25%.
No se incluye, de momento, aumentar un canon minero o impuesto a la explotación, que hoy se sitúa entre 4% y 5%, una cifra baja en relación a las tasas que aplican Estados Unidos y Canadá.
La candidata del oficialismo, Evelyn Matthei, considera por su parte aumentar la recaudación fiscal a través de un mayor control de la evasión, sin considerar un aumento impositivo.
Matthei considera que el crecimiento económico le daría al Estado recursos suficientes para hacer frente a la pobreza, que en Chile afecta a 14,4% de la población.
Responsable de casi un tercio del cobre que se explota en el mundo, la economía chilena se ha beneficiado de un extenso periodo de altos precios del mineral, impulsados por una alta demanda de China.
La minería representa hoy 15,4% del PIB chileno, pero el país no cuenta con un sector industrial fuerte, que le asegure seguir expandiéndose.
"Chile es completamente dependiente de la exportación de cobre y minerales. Es la locomotora de la economía chilena, donde existen los mejores salarios, por lo que una desaceleración por baja de precios o baja de demanda causaría problemas económicos", aseguró el analista Raúl Sohr.
La alta dependencia del cobre ha condicionado el desarrollo de otros sectores.
Casi todos los proyectos de inversión en carpeta están destinados a la explotación del mineral o para otorgarle la energía necesaria.
Chile, un importador neto de combustibles, requiere aumentar en casi 7% su generación de energía eléctrica, para alimentar fundamentalmente a la explotación minera.
Pero con una población cada vez menos dispuesta a aceptar la contaminación que generan grandes proyectos mineros o de generación eléctrica, muchas de esas inversiones están paralizados por resoluciones judiciales.
"Hasta el 2016-2017, no habrá problemas energéticos, pero en años venideros, dependiendo de la producción de energía hidroeléctrica, Chile va a empezar a experimentar estrechez energética", señaló a la AFP Raúl Sohr, analista y autor del libro en materia energética "Así no podemos seguir".
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