MEXICO (AP). La titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, presentó el martes su renuncia al cargo luego de la masacre de 72 indocumentados centro y sudamericanos presuntamente a manos del narcotráfico.
La Secretaría de Gobernación, de la que depende el INM, informó en un comunicado que se aceptó la renuncia de Romero, aunque no explicó la razón específica por la que decidió dejar el cargo que desempeñaba desde diciembre del 2006.
El anuncio ocurre casi un mes después de que la Marina mexicana localizó en una hacienda del estado norteño de Tamaulipas los cadáveres de 72 migrantes, luego de que un ecuatoriano escapó y dijo a las autoridades que los autores de los homicidios son miembros del cartel de las drogas de Los Zetas.
Gobernación reconoció el trabajo de Romero y dijo que durante su paso por el INM se logró la "dignificación" de las llamadas "estaciones migratorias" , centros de retención temporal de indocumentados que son detenidos a su paso por territorio mexicano.
La dependencia añadió que también hizo un esfuerzo para capacitar a los agentes migratorios del país en materia de derechos humanos.
Un funcionario federal, que pidió guardar el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente sobre el caso, dijo que el gobierno busca a alguien con mayor experiencia en el área de seguridad para que encabece el INM.
Añadió que la masacre puso de relieve lo entrelazado que se ha vuelto en México el tráfico de drogas y la migración ilegal.
La salida de Romero también se anunció unas horas después de que el Senado aprobó citarla a comparecer para que explicara las medidas de protección a los migrantes a raíz de la masacre.
Durante la discusión del acuerdo, legisladores de oposición consideraron que no existe una política oficial de respeto a los derechos humanos de los migrantes.
El senador Ricardo Monreal, del Partido del Trabajo, dijo que la matanza es "la punta del iceberg que reveló la negligencia de las autoridades mexicanas, que no son capaces de cumplir con su responsabilidad en materia de derechos humanos".
La masacre de los migrantes reavivó en México un debate sobre los riesgos que enfrentan los indocumentados que intentan llegar a Estados Unidos.
Grupos de promoción de los derechos humanos han señalado que los hechos también reflejan la falla de las autoridades mexicanas para proteger a los migrantes.
Tras el crimen, la propia Romero rechazó las críticas de que la corrupción y la indiferencia de las autoridades mexicanas contribuyeron a que aumentara la violencia contra los migrantes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó en un reporte presentado el año pasado que cerca de 20,000 migrantes son secuestrados cada año, con base en el número de reportes que recibieron entre septiembre del 2008 y febrero del 2009.
Datos del INM señalan que 2,750 migrantes han sido rescatados en lo que va del 2010, algunos varados en el desierto y otros que habían sido secuestrados por grupos del crimen organizado.
Sólo en Tamaulipas, donde fueron asesinados los 72 centro y sudamericanos, han sido rescatados 812 migrantes secuestrados por narcotraficantes, que incluso buscan forzarlos a integrarse a sus filas.