Varias organizaciones hispanas exhortaron al Congreso a modificar inmediatamente la Ley de Derechos Electorales para evitar la discriminación contra votantes latinos que las organizaciones aseguran haber documentado en un informe difundido el jueves.
Thomas Saenz, presidente del Fondo para la Educación y Defensa Legal de los Mexicano-Estadounidenses (MALDEF por sus siglas en inglés), dijo en conferencia de prensa que no se da por vencido pese a que ya se acerca el receso veraniego del Congreso y el presidente de la comisión judicial de la cámara baja, el republicano por Virginia Bob Goodlatte, aún no ha convocado una audiencia para debatir el proyecto de ley presentado este año.
Pero si no hay una nueva ley "entonces será extraordinariamente costoso y laborioso para cualquiera, sea el gobierno federal o entes del sector privado, apelar efectivamente las modificaciones (a reglamentos) antes de que ocurra una elección", explicó Saenz.
El reporte presenta como contrarios a los derechos electorales de los hispanos a reglamentos adoptados en Arizona, Florida, Colorado y Texas después de que la Corte Suprema anulara hace 12 meses fragmentos de la Ley de Derechos Electorales que exigían a 15 estados con antecedentes de discriminación electoral, especialmente en el sur de la nación, obtener autorización del gobierno federal antes de cambiar sus leyes electorales.
Los activistas describieron como los mecanismos más comunes de discriminación la exigencia de documentos de identidad para votar, la exclusión injustificada de votantes del padrón electoral alegando que no son ciudadanos estadounidenses y la redefinición de distritos electorales que agrupan a porcentajes sustanciales de votantes hispanos pero dificultan a los hispanos resultar electos.
Los republicanos sostienen que los requisitos para mostrar un documento de identidad son medidas razonables diseñadas para proteger la integridad del proceso electoral, no para restringir el derecho al voto.
Pero los demócratas argumentan que la exigencia de identificación con fotografía afecta especialmente a votantes de bajos ingresos o de minorías étnicas que no conduzcan, y por lo tanto no poseen un documento de identidad oficial tal como la licencia de conducir.
La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Designados y Electos (NALEO por sus siglas en inglés), otra de las organizaciones que elaboró el informe, estima que la decisión adoptada por la Corte Suprema en 2013 despojó de protección a casi 7 millones de latinos que reúnen requisitos para votar, y calcula que una nueva legislación repondría las protecciones a 4,5 millones de personas, 65% de los cuales serían hispanos.
Naleo pronosticó que casi 8 millones de hispanos irán a las urnas en las elecciones legislativas de noviembre y representarán el 8% del electorado nacional.
Además participó en el informe la Agenda para el Liderazgo Nacional Hispano (NHLA por sus siglas en inglés).
FUENTE: AP