Cualquier intento de entrega de ayuda humanitaria a zonas controladas por los rebeldes sin la aprobación del gobierno es equivalente "a un ataque al Estado sirio, así como a su integridad territorial e independencia política", afirmó Siria.
Bashar Ja'afari, embajador sirio ante la Organización de las Naciones Unidas, envió al secretario general del organismo internacional Ban Ki-moon y al Consejo de Seguridad del mismo una carta de varias decenas de abogados sirios y árabes protestando contra un anteproyecto de resolución del Consejo que autorizaría la entrega de ayuda humanitaria en Siria a través de cuatro cruces fronterizos sin la aprobación del gobierno del presidente Bashar Assad.
Actualmente, toda la ayuda de la ONU debe ir a través de Damasco, una práctica que ha criticado reiteradamente la directora de ayuda humanitaria de Naciones Unidas Valerie Amos.
Miembros cruciales del Consejo han estado negociando durante varias semanas la redacción del anteproyecto, el cual fue circulado inicialmente por Australia, Luxemburgo y Jordania.
Gary Quinlan, embajador de Australia ante la ONU, ha dicho que 90% de la ayuda "va actualmente a áreas controladas por el gobierno", y que los sirios en las zonas controladas por la oposición no están obteniendo alimentos y medicinas. La autorización de acceso humanitario en dos cruces desde Turquía, uno de Jordania y otro de Irak ayudaría a más de dos millones de personas que no han recibido ayuda, señaló.
Pero los abogados no están para nada de acuerdo.
"El único propósito de la iniciativa es utilizar auspicios de Naciones Unidas para la entrega de apoyo logístico a los terroristas, en preparación para el establecimiento de 'corredores humanitarios' bajo la protección de esos mismos Estados que trajeron el terrorismo al territorio nacional sirio", dijeron los abogados.
El gobierno sirio llama "terroristas" a todos los grupos de oposición y a los extremistas vinculados a al-Qaida.
La carta, obtenida el viernes por The Associated Press, decía que toda ayuda humanitaria debe ser entregada con consentimiento del gobierno.