MÉXICO Internacionales -  11 de octubre 2014 - 18:07hs

Marchan en México por un juicio justo de militares acusados de matar civiles

Unos tres centenares de familiares de militares y víctimas del crimen organizado exigieron hoy al Gobierno mexicano "una investigación transparente y un juicio justo" para los soldados señalados como responsables de la muerte de 22 civiles.

Los manifestantes, algunos de ellos encapuchados, protestaron contra el arresto de ocho militares por la muerte de 22 civiles el 30 de junio de este año, en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.

"Exigimos una investigación transparente, un juicio justo apegado a la ley y, sobre todo, que se respeten los derechos humanos de los militares detenidos por cumplir órdenes en el caso de Tlatlaya", dijo a Efe la líder del movimiento.

"Hay muchas inconsistencias en este caso y exigimos que se aclare todo de manera puntual y se esclarezca con total apego a derecho", añadió.

La principal organizadora de esta marcha aseguró que hay muchos militares que trabajan por la seguridad de los ciudadanos, "se están jugando la vida y por eso salimos a defender a los soldados que se enfrentan a los sicarios del crimen organizado".

La marcha, que se desplazó por céntricas avenidas de la capital mexicana, partió desde el Zócalo (plaza central) de Ciudad de México hasta la residencia presidencial de los Pinos, en Chapultepec.

Esta movilización estaba conformada, principalmente, por familiares de militares detenidos y en ella mostraron pancartas con consignas tales como: "Los ciudadanos estamos en la defensa de los derechos humanos de los militares", "Ellos levantan las armas por su país, nosotros levantamos la voz por ellos", "Los militares también tienen derechos humanos", entre muchas otras.

Según la versión oficial, el 30 de junio pasado, una patrulla militar se enfrentó a un grupo de la delincuencia organizada, donde los 22 civiles resultaron muertos en el tiroteo y se liberó a una persona cautiva.

No obstante, una sobreviviente de esos hechos aseguró que los civiles se habían rendido y fueron asesinados por los militares después de someterlos a un interrogatorio, por lo que las autoridades civiles y militares abrieron una investigación.

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) determino que en el tiroteo murieron 14 de los presuntos delincuentes y ocho resultaron heridos, los cuales fueron rematados por con las mismas armas usadas por los civiles.

Debido a estos hechos la Fiscalía militar arrestó a ocho militares que participaron en el enfrentamiento por infracción a las leyes castrenses.

En tanto, la PGR acusó de "homicidio calificado" a tres de los militares y a uno más por "encubrimiento", los cuales serán procesados por tribunales civiles.

Los manifestantes entregarán a la Presidencia un pliego para exponer los casos de varios de militares que, según los familiares, han sido procesados de manera injusta.