Con la entrada en julio pasado de la nueva administración del presidente Juan Carlos Varela, en Panamá ha cesado la hostilidad de algunas autoridades contra el libre ejercicio del periodismo, destacó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
"Igualmente es destacable el compromiso público de cumplir con las disposiciones legales de acceso a la información pública y el respeto irrestricto a la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos".
Eso es lo que sostiene el informe sobre Panamá elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, que se discutió en el marco de la 70ª asamblea general, que se celebra en Santiago de Chile.
"Sin embargo, durante el proceso electoral, se incrementaron las campañas sucias, denunciadas por la Iglesia Católica y la Comisión de Justicia y Paz", lamentó la SIP.
Además, se agravó la parcialización en la distribución y discrecionalidad de la publicidad gubernamental, llegándose a niveles que sobrepasaron las prohibiciones de volumen de pauta permitidas por el Código Electoral, agrega esta organización.
"Eso ha provocado que en la actualidad se instruyan varios procesos ante el Tribunal Electoral por estos abusos", indica la SIP, que agrupa a unos 1.300 diarios y revistas de todo el continente.
Debido a múltiples denuncias divulgadas por los medios, en los últimos meses se iniciaron investigaciones sobre la utilización ilegal de recursos públicos para favorecer a candidatos afines al oficialismo.
Pero el Tribunal Electoral no entregó las credenciales a 11 de los candidatos a diputados y a alcaldes municipales que fueron denunciados, señala el informe.
El 25 de julio durante las sesiones del Parlamento Latinoamericano, el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces presentó un proyecto de Ley Marco de las Comunicaciones, ante la Comisión de Asuntos Políticos que busca diseñar una Ley de Comunicaciones "sobre el derecho al libre acceso a la comunicación".
A juicio de la Sociedad Interamericana de Prensa, "la propuesta impone obligaciones sobre la forma en que los medios deben presentar sus contenidos".
"Este proyecto fue rechazado enérgicamente por la prensa panameña por las violaciones a la libertad de prensa que busca crear".
Por otro lado, el informe de la SIP da cuenta de la situación de la denuncia presentada hace dos años contra el entonces secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz.
La acción se debió al hecho de que Garuz impidió al secretario general del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, grabar con su teléfono móvil "un incidente en que se estaba impidiendo el libre ejercicio del periodismo de dos periodistas de un canal de televisión", relata la SIP.
La Fiscalía Quinta de Circuito, después de indagar a Garuz, formuló cargos contra él por lesiones personales y actualmente el proceso continúa.
En tanto, siguen pendientes las investigaciones que realiza la Procuraduría de la Nación por la denuncia que presentó el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, contra los periódicos La Prensa y Mi Diario, después de que denunciaran ineficiencia de su labor en el proceso electoral.
En septiembre pasado, después de que los medios denunciaran acciones de nepotismo en el nuevo Gobierno y de un intercambio de mensajes en las redes sociales con el periodista Álvaro Alvarado, la Primera Dama, Lorena Castillo de Varela, pidió a los gremios de periodistas que tomaran "medidas" contra los medios "que no dicen la verdad", señala el informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.