El Congreso brasileño prohíbe financiar campañas con recursos propios. Foto/@camaradeputados

EFE

El Congreso Nacional derribó hoy un veto firmado por el presidente brasileño, Michel Temer, a través del cual permitía la financiación con recursos propios de las campañas electorales, que en los últimos años han sido objeto de numerosas investigaciones por corrupción.

En una sesión conjunta de diputados y senadores, los parlamentarios decidieron este miércoles que el candidato tendrá prohibido usar recursos propios para pagar toda su campaña hasta el límite de gastos establecido por la ley para el cargo al cual concurre.

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Sin embargo, la decisión del Congreso de hoy abre nuevos interrogantes en el sentido de si esta entrará en vigor para las próximas elecciones presidenciales de 2018, en la que también ser renovarán las cámaras legislativas, o quedará para las municipales de 2020.

Esta duda se fundamenta en que, de acuerdo con las leyes brasileñas, los cambios en las reglas electorales tienen que ser aprobados hasta un año antes de los comicios y ese plazo ya ha expirado.

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Sin embargo, técnicos del Congreso, citados por medios locales, evalúan que tendrá que ser la Justicia la que se pronuncie sobre este asunto, pues el dictamen del Congreso de este miércoles llega cuando faltan diez meses para poner las urnas en las calles.

No obstante, a pesar del embrollo jurídico que trae consigo, el veto presidencial fue derribado por una amplia mayoría de diputados y senadores.

En Brasil, el límite de gasto en campaña depende del cargo al que se quiere acceder.

De esta forma, el límite de gasto para presidente de la República es de 70 millones de reales (unos 21 millones de dólares) en la primera vuelta, mientras que para diputado federal es de 2,5 millones de reales (unos 760.000 dólares).

La financiación de las campañas fue objeto este año de intensos debates parlamentarios en esa búsqueda por encontrar una fórmula legal que impida que sean alimentadas por dinero procedente de la corrupción, lo que ha ocurrido repetidamente en los últimos años.

El asunto ha estado en el centro de muchas investigaciones anticorrupción, pues según ha comprobado la Justicia, en los últimos años, decenas de candidatos pagaron sus campañas con dinero obtenido mediante complejas redes ilícitas montadas por los sectores público y privado.

Una reforma aprobada en 2015, cuando salían a la luz los primeros escándalos destapados en la petrolera estatal Petrobras, vetó la financiación por parte de empresas privadas a fin de impedir la práctica de la llamada "Caja B", la irregularidad más expandida en los procesos electorales en Brasil.

Esa modificación complació a la sociedad, pero limitó las fuentes de financiación de manera considerable para las próximas elecciones.

Finalmente, el Congreso aprobó a comienzos de octubre pasado una reforma política a través de la cual se establecía la creación de un "Fondo Especial de Financiación de Campaña" con 1.700 millones de reales (unos 515 millones de dólares) a ser repartidos entre los partidos según su representación, entre otras medidas.

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