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Reconciliación requiere humildad, dice cardenal de Nicaragua, país en crisis

Para alcanzar la reconciliación es necesario tener humildad, afirmó hoy el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, cuyo país atraviesa una profunda crisis sociopolítica, que el Gobierno espera superar con la aprobación de la llamada "Ley de Reconciliación".

"Tenemos que examinarnos todos (...) escuchar la voz de la predicación de Juan el Bautista, que nos lama a reconciliarnos, a perdonarnos, a acercarnos a la otra persona, pero para hacer esto, una actitud clave: ser humilde", dijo Brenes, en su homilía dominical, en una iglesia de Managua.

La necesidad de reconciliación se debe a la confrontación entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y una parte de la población nicaragüense que, según las encuestas supera el 70 por ciento, a raíz de los centenares de manifestantes muertos, heridos o capturados, en protestas antigubernamentales.

La propuesta del Gobierno para dejar atrás las diferencias, es la "Ley de Reconciliación", según la Presidencia "que promueva una cultura de paz y no violencia, en aras de salvaguardar la paz, la estabilidad, el bien común y la convivencia pacífica entre las y los nicaragüenses".

El proyecto de ley del Gobierno, anunciado en noviembre pasado, ha causado polémica, ya que los diversos sectores de la sociedad nicaragüense considera que la reconciliación no se establece con una orden legal, sino que es una decisión personal.

"No es humano perdonar, es divino, tenemos que pedírselo al Señor", dijo Brenes, quien invitó a que "podamos examinarnos todos".

En noviembre pasado el cardenal ya había advertido que "la reconciliación comienza desde el corazón".

El debate sobre la reconciliación en Nicaragua se da en medio de una crisis que, desde el 18 de abril pasado, ha dejado entre 325 y 545 muertos y 610 "presos políticos", según organizaciones defensoras de los derechos humanos.

También señalan que miles de nicaragüenses han sido heridos, cientos continúan desaparecidos y más de 40.000 han huido al exilio.

El Gobierno reconoce 199 víctimas, así como 273 reos, que califica de "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega no admite la responsabilidad y sostiene que ha superado un intento de "golpe de Estado".

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, debido al saldo mortal en las manifestaciones, tras 11 años de Gobierno.

FUENTE: EFE