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Corte ONU ordena a Myanmar impedir un genocidio rohinya

En una gran victoria legal para los miembros de la minoría musulmana rohinya, el máximo tribunal de Naciones Unidas ordenó el jueves a Myanmar que tomara todas las medidas en su poder para impedir un genocidio contra los rohinya.

La Corte Penal Internacional “es de la opinión que los rohinya en Myanmar continúan siendo extremadamente vulnerables”, indicó el presidente del tribunal, el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf.

La orden de medidas provisionales para proteger a la comunidad es vinculante “y crea obligaciones legales internacionales” para Myanmar, añadió la corte.

Tras una sesión de una hora, los jueves también ordenaron a Myanmar que informara en un plazo de cuatro meses sobre las medidas tomadas para cumplir la orden, y después reportes cada seis meses mientras avanzara el proceso judicial.

Activistas humanitarios celebraron de inmediato la decisión unánime.

“La orden de la CPI a Myanmar de que tome medidas concretas para impedir el genocidio de los rohinya es un paso histórico para impedir más atrocidades contra uno de los pueblos más perseguidos del mundo”, dijo Param-Preet Singh, director asociado de justicia internacional de Human Rights Watch, con sede en Nueva York. “Los organismos de Naciones Unidas y gobiernos afectados deben intervenir ahora para asegurar que se aplica la orden y el caso sobre genocidio sigue adelante”.

Gambia llevó el caso ante el tribunal internacional en nombre de una organización de naciones con mayoría musulmana, que acusa a Myanmar de genocidio en su campaña de represión contra los rohinya.

En sesiones públicas el mes pasado, abogados de la acusación emplearon mapas, imágenes por satélite e imágenes explícitas para detallar lo que describieron como una campaña de asesinatos, violaciones y destrucción equivalente a un genocidio perpetrado por el Ejército de Myanmar.

El juicio atrajo un intenso escrutinio, ya que Aung San Suu Kyi, que fuera un símbolo prodemocracia en Myanmar, defendió la campaña de las fuerzas armadas que la retuvieron 15 años bajo arresto domiciliario.

Suu Kyi, que como consejera de estado de Myanmar lidera el gobierno, recibió el Nobel de la Paz en 1991 por defender la democracia y los derechos humanos ante la junta militar que gobernaba entonces el país. El jueves no se encontraba en la sala.

Myanmar, un país de mayoría budista, considera desde hace años que los rohinya son “bengalíes” de Bangladesh, a pesar de que sus familias viven en el país desde hace generaciones. Desde 1982 se les ha negado la ciudadanía a casi todos, lo que en la práctica les convierte en apátridas. Tampoco disfrutan de libertad de movimiento ni otros derechos básicos.

En agosto de 2017, el Ejército de Myanmar lanzó lo que describió como una campaña de limpieza en el estado norteño de Rakhine en respuesta a un ataque de un grupo insurgente rohinya. La campaña obligó a más de 700.000 rohinyas a huir a la vecina Bangladesh y provocó acusaciones de que las fuerzas de seguridad habían quemado miles de casas y cometido asesinatos y violaciones masivas.

Suu Kyi dijo en diciembre a los jueces de la CPI que el éxodo había sido una trágica consecuencia de la respuesta militar a “ataques armados coordinados y generalizados” de insurgentes rohinya.

También instó a los jueces a desestimar el caso y permitir que la justicia militar birmana se ocupara de cualquier infractor.

FUENTE: AP

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