Viola Guevara

El Código Penal panameño establece de dos a cuatro años de prisión en su artículo 165, "quien sin contar con la autorización de la autoridad judicial, intercepte comunicaciones o utilice artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones que no están dirigidas al público serán sancionados de dos a cuatro años de prisión" así lo explicó la ex procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, quien detalló en el Noticiero de Telemetro Reporta que la orden para que se realice una escucha o interceptación de una grabación debe emanara de la Sala Penal de la Corte Suprema de Jusiticia.

Gómez explicó que Panamá está regido por principios y leyes y el primero de ellos es la Constitución Política de la República, que establece en su artículo 29 que "todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas ni grabadas sino por mandato judicial".Es decir, según Gómez, que toda persona que hoy día ingrese a un lugar con alguna pluma, dispositivo, audífono o cualquier implemento que grabe, y lo haga, está cometiendo un delito.

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La ex procuradora explicó que a partir de su caso, se estableció que en Panamá las escuchas sean autorizadas por la Sala Penal, "el Consejo de Seguridad debe trabajar en base a una orden de la Sala Penal" recalcó Gómez, quien dijo que esto debe estar sustentado por una investigación que se esté realizando. Sin embargo aclaró que el único que puede dar una orden al Concejo, fuera de la Ley, es el Presidente.

También agregó que debe ser realizado por personas debidamente autorizadas y éticamente entrenadas.

Gómez fue sacada de la Procuraduría por un caso de escuchas ilegales luego de que se le acusara de supuesta extralimitación de funciones al firmar una orden para que el Fiscal Auxiliar en turno investigara una coima. Aseguró que en la oficina de un Procurador no hay ninguna herramienta para grabar nada.

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