Eduardo Corro, director general de Contrataciones Pública, junto a una delegación de funcionarios de diferentes instituciones del Gobierno, sustentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de 305 sobre las modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas que se encuentra en segundo debate.
Durante su intervención, Corro señaló que el proyecto 305 busca adecuar las disposiciones de la Ley 22 de 2006 para lograr transparencia y eficiencia, así como equidad y competitividad en el tema de compras estatales y el sistema de contrataciones del Estado.
En el caso de las consultorías, la legislación actual permite la ejecución de las mismas través de un procedimiento directo y sin controles para aquellas que su monto no excedan los 300 mil dólares, por lo que entre las modificaciones se contempla la eliminación de las excepciones, y se establece que todas se deberán hacer por medio de los mismos procedimientos que cualquier otra contratación.
Indicó que entre las reformas también se incluye la certeza del castigo tanto para los servidores públicos que incumplan los procedimientos establecidos por la ley, como para las empresas que incumplan los contratos.
Según Corro, la legislación actual contempla la certeza de castigo de una manera "muy ambigua" para los funcionarios, toda vez que no se definen las sanciones que ameritan castigo, y en cuanto a las multas solo puede ser hasta el 1% de su salario, mientras que con la reforma se incrementa al 30% las multas del salario bruto mensual, además se determinan 9 causales por las cuales se pueden sancionar a los funcionarios.
En cuanto al sector empresarial indicó que el nuevo proyecto separa la inhabilitación de la multa que va de 1 al 15% del contrato y establece inhabilitación a proveedores de 3 meses a 5 años, e inhabilitación definitiva a quienes hayan sido condenados por actos de corrupción o por delitos contra la administración pública.
Los sancionados pueden establecer un recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas para una reconsideración.
Indicó que a petición de gremios empresariales y demás agrupaciones consultadas, la compra de medicamentos de la Caja de Seguro Social será incluido en los proceso de Contratación Pública y será regido por la ley 1 del 2001 de la CSS, además será la propia institución que fijará los requisitos del pliego de compras.
Otra de las modificaciones del proyecto es la implementación de convenios marcos que permite la participación de la mayor cantidad de proponentes posibles para un proceso más competitivo y transparente.
Corro informó que entre las reformas también se contempla 40 horas anuales de capacitación para los funcionarios tanto de los municipios como del Gobierno Central, a través de un plan definido y que será desarrollado una vez las modificaciones sean aprobadas.
A eso de las 11:00 p.m. se dio por culminada la discusión en segundo debate del proyecto en el pleno de la Asamblea Nacional que se encuentra en sesión permanente y continuará este miércoles a las 10:00 a.m. con la participación de unos diez diputados que solicitaron una segunda vuelta tras su intervención.