La directora regional de Plan para América, Ingrid Kuhfeldt. Foto/EFE

EFE

Los países latinoamericanos tienden a excluir, estigmatizar y culpar de la creciente delincuencia a los adolescentes en riesgo social, en vez de considerarles víctimas del crimen organizado, según un informe presentado este miércoles en Panamá por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Plan Internacional.

"Tenemos países en nuestra región donde por el simple hecho de que un joven venga de un barrio conflictivo y lleve un tatuaje ya se le identifica automáticamente con una pandilla y se le considera un criminal", denunció a Efe la directora regional de Plan para América, Ingrid Kuhfeldt.

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Latinoamérica, explicó Kuhfeldt, se ha centrado en los últimos años en desarrollar políticas de infancia para solucionar la alta mortalidad infantil y la falta de acceso a la educación que han resultado "muy exitosas".

Sin embargo, matizó la activista, la región "se ha olvidado de los adolescentes", especialmente de aquellos que proceden de barrios humildes y conflictivos donde el crimen organizado opera a sus anchas.

"Los estamos marginando, los estamos excluyendo. No nos hemos preocupado de los llamados 'ninis', que ni estudian ni trabajan, no nos hemos preocupado de darles una oportunidad laboral, que es el principal mecanismo de prevención para que no caigan en la criminalidad", apuntó la directora de Plan Internacional.

La exclusión de los adolescentes, según el informe titulado "Violencia, niñez y crimen organizado", se ha agudizado a medida que los países latinoamericanos han empezado a ingresar en el segmento de países de ingresos medios, ya que las desigualdades se han hecho más grandes.

"Aunque los países tengan buenos indicadores de progreso, existen grandes bolsas de pobreza que terminan convirtiéndose en guetos", sostuvo Kuhfeldt.

Esos adolescentes marginados se acercan a estos grupos buscando, en la mayoría de los casos, "la protección y el sentido de pertenencia que no encuentran en sus casas o en las aulas", añadió.

La solución no pasa, según el documento, por endurecer las penas contra los adolescentes criminales sino en concentrar los esfuerzos en políticas de rehabilitación.

"Cuando los países solo encuentran soluciones penales están demostrando que nuestras respuestas sociales no funcionan. No podemos cambiar la respuesta social por una de orden penal", afirmó la comisionada de la CIDH y exmagistrada del Supremo de Panamá, Esmeralda Arosemena de Troitiño.

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