Los gremios periodísticos de Panamá reiteraron este lunes su rechazo ante la intención del Ministerio de Gobierno de otorgarle a la Dirección para la Promoción de la Libertad de Expresión, facultades para regular los medios de comunicación, su contenido editorial y la libertad de expresión.
“Rechazamos la intención del Gobierno de controlar políticamente los medios de comunicación, a través de un reglamento a una ley aprobada durante la administración de Ricardo Martinelli, cuyo objetivo es restablecer los controles de la tristemente recordada Dirección Nacional de Medios de Comunicación, creada por la dictadura militar y que hoy pretenden denominar irónicamente como “Dirección para la Promoción de la Libertad de Expresión", con funciones muy similares, pero en Democracia”, enfatizan en un comunicado el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, y la Asociación Panameña de Radiodifusión.
En el mensaje enviado al Ministerio de Gobierno añaden que "no aceptará ninguna propuesta que menoscabe la libertad de expresión y la institucionalidad democrática", agregando “nuestras organizaciones rechazan contundentemente cualquier intento que busque limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos, imprescindibles para la sostenibilidad de la democracia, entre estos, fundamentalmente, la libertad de expresión y la de estar informados, al tiempo que alertamos a la ciudadanía en general a prestar atención sobre este tema”, puntualiza.
Recordaron que como miembro de la Organización de Estados Americanos, Panamá es suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que lo obliga a respetar de forma incondicional sus principios y defender la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones.
Cabe señalar que este es el quinto intento en el que la actual administración trata de regular la libertad de expresión, pese a que la legislación panameña contempla las normas necesarias para recurrir a la justicia ordinaria y los medios de comunicación son parte del acuerdo de autorregulación que contempla la ley 24 del 30 de Junio de 1999.