Contraloría señala "fallas jurídicas" y montos elevados en contrato del Ironman 70.3. Foto/Contraloría General

Irma Rodríguez Reyes

La Contraloría General de la República aduce "fallas jurídicas" y recursos excesivos, con relación al beneficio que dejaría en Panamá el evento Ironman 70.3.

En un comunicado divulgado este lunesun comunicado divulgado este lunes, la institución de fiscalización reacciona luego de las críticas que generó el no refrendo del contrato entre Pandeportes y la empresa BN Sports , S.A. (BNS).

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"Luego de una profunda evaluación del contrato para apoyar la realización de dicho evento, se decidió no refrendarlo, pues aparte de múltiples fallas jurídicas en el mismo, se consideró también que los recursos económicos que se pretendían invertir resultaban muy elevados", sustenta la Contraloría en el comunicado.

Enumeran el pago de B/.1,754,800.00 en un periodo de cuatro años, a razón de B/.438,700.00 cada año como apoyo económico a la empresa. Pero agregan que Pandeportes no percibiría ingresos, (aproximadamente B/.500,000.00) por las inscripciones a las carreras y tampoco por ingresos generados por publicidad así como por las concesiones que se otorgarían en el área de las carreras.

"Todos los ingresos serían exclusivos para la empresa BN Sports, S.A.", asegura la Contraloría.

Informan que adicional al monto anual que debía entregar el Estado, Pandeportes tenía obligación de proveerles gratuitamente "todos los años" 250 noches de hotel para hospedaje del staff, 75 noches extras en cuarto de hotel para planificación, reuniones y viajes.

Y detallan otra serie de beneficios como alquiler de un depósito de 5,000 pies cuadrados, espacios de oficinas, concesión de estacionamientos, lograr un plan de medios, el no permitirse ningún otro evento de triatlón igual o mayor a 70.3 millas durante los cuatro años de duración del contrato, entre otras exclusividades como el suministro de transporte, pagarles el costo de alquiler de baños portátiles, proporcionar vehiculos y pagar B/.15.00 adicional por todas las noches de habitación que fueran reservadas en hoteles.

El acuerdo incluyó obligaciones para otras instituciones como la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, el Ministerio de Obras Públicas, la Autoridad de Tránsito y el Sistema Nacional de Protección Civil que, debían desplegar tareas para el evento.

La Contraloría concluye, a pesar de múltiples críticas que se trata de un contrato que no representaba los mejores intereses del Estado y por ende no lo refrendó.

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