El Gobierno panameño y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) suscribieron este jueves un acuerdo para brindar asistencia técnica y mejorar los sistemas productivos de una decena de comunidades indígenas del país.
"El objetivo de este tratado es mejorar los indicadores de producción y productividad de estos pueblos y ayudarles a que produzcan no solo para el autoconsumo sino también para el mercado", explicó el coordinador regional para Mesoamérica del organismo internacional, Tito Díaz.
Los pueblos indígenas, apuntó Díaz, han vivido casi siempre aislados del mundo rural y han desarrollado sus propios métodos de producción, "que son importantes y se han mantenido a lo largo de los años, pero que con pequeños aportes tecnológicos pueden dar un salto cualitativo y cuantitativo".
"Unas prácticas de cultivo mejoradas pueden aumentar los rendimientos hasta dos o tres veces", aseguró el coordinador regional de la FAO.
En Panamá existen cerca de 400.000 indígenas, que representan alrededor del 11 % de la población total y que se agrupa en 7 etnias: Emberá, Wounaán, Kuna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri-Bri.
A pesar de que Panamá ha liderado en los últimos años el crecimiento económico de la región con tasas cercanas al 6 %, el país adolece de grandes desigualdades.
Según la última Encuesta de Niveles de Vida del Banco Mundial, de 2008, el 96,7 % de los aborígenes que viven en los territorios indígenas que existen en el país son pobres, mientras que el 72 % de los niñas y niñas menores de cinco años tiene desnutrición crónica.
"Panamá tiene las condiciones para en los próximos 15 años ser un país declarado libre de hambre. No nos cabe la menor duda de que el esfuerzo que se hace desde los distintos ministerios en conjunto con los territorios indígenas va a ser fundamental para lograr este objetivo", añadió Díaz.
"Este proyecto forma parte del Plan Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá desarrollado a través de un importante proceso participativo donde estuvieron representados los siete pueblos indígenas del país", indicó, por su parte, la ministra panameña de Gobierno, María Luisa Romero.
Panamá es uno de los pocos países latinoamericanos que aún no han suscrito el conocido como Convenio 169, que fue aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 1989 y que es considerado el principal tratado internacional sobre derechos humanos de los pueblos indígenas.
El presidente del país, Juan Carlos Varela, ha prometido que antes de terminar su mandato en 2019 suscribirá el convenio, ya que es una de las principales reivindicaciones de los movimientos indígenas panameños.
FUENTE: EFE